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Subtes: Macri dispuso la conciliación obligatoria
Los «metrodelegados» esperaban a esa hora la comunicación oficial para tomar la decisión de acatar o no la imposición y que el titular de su agrupación, Alberto Pianelli, regresara de una reunión de la CTA en la Casa de Gobierno para debatir si levantaban el paro que ya habían anunciado para hoy, por séptimo día.
De continuar, se agrava un conflicto que sólo ha sumado confrontaciones en los seis días de huelga y ninguna solución, con más posibilidades, si el Gobierno nacional quisiera, de rescindir el contrato con la concesionaria que maneja el transporte y obligar así a Mauricio Macri a tomar el control. Persistió también el contrapunto entre los gremios, y a pesar de la mejor disposición del Gobierno porteño (aun obligado por la Justicia), nada cambió para mejorar la situación. Los sindicalistas que llevan adelante el paro («metrodelegados») consideraron que la empresa concesionaria «debe dar un paso al costado». Creen que podría rescindirse el contrato de concesión por una cláusula que así lo permite en caso de «cinco días» sin servicio «sin causa justificada».
En ese sentido, la legisladora María José Lubertino, quien mediante un amparo provocó que actuara la Justicia, explicó que «la transferencia a Macri está aceptada, como lo demuestran el acta, la ley nacional y hasta un acta de inspección, la 75, del mes pasado donde el Gobierno porteño admite. Entonces, el contrato de concesión está firmado por el Gobierno nacional, Metrovías y SBASE (la estatal porteña encargada de los subterráneos) y la Ciudad puede rescindir el contrato y en ese caso el control lo tiene SBASE».
En la reunión, los «metrodelegados» inclusive habían resignado pasar la discusión salarial para más adelante, pero exigieron que la empresa reponga 20 formaciones de trenes que quitó de servicio el mes pasado, conceda licencias y otros temas. Pero Metrovías adujo falta de fondos. En reuniones anteriores la concesionaria había pedido que se destrabe un fideicomiso de más de $ 100 millones que está en el Banco Nación y que es para inversión en mejoras, pero al que sólo puede acceder la Ciudad. Inclusive el titular de SBASE, Juan Pablo Piccardo, llevó a la Justicia un borrador con proyectos de inversión, pero Macri rechaza hacerse cargo de los subtes y así no accedería a la cuenta. Mientras tanto, anoche se buscaba la posibilidad de que, o la Justicia o la subsecretaría laboral porteña dispusieran de una conciliación obligatoria para forzar el levantamiento del paro.
La jueza Patricia López Vergara dictó una medida que se conoció en la madrugada de ayer imponiendo que la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires «convoque a una mesa de negociación a los representantes del subte y la empresa Metrovías». Allí se reunieron representantes de esa oficina y otros funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri, de la empresa concesionaria Metrovías y de las dos porciones sindicales del sector, la UTA (que no adhiere al paro) y los «metrodelegados».
Como fondo de esa negociación salarial, la jornada comenzó con un nuevo y duro cruce entre Macri y el Gobierno nacional, al punto que el jefe porteño sostuvo que prefería que la gente no tenga subtes a que hubiera un accidente o que sabía que tal vez «la gente no me vote a presidente pero tengo que hacer lo que tengo que hacer». Macri calificó de «pobre tipo» a Florencio Randazzo y el ministro replicó que el jefe porteño «apela al agravio» porque «no le asiste ninguna razón» en el conflicto por los subtes. La puja sigue porque Macri no acepta tomar el control de la concesión de subtes que había firmado en enero pasado.
En segundo lugar, la pelea entre los gremios, que siguió hasta la salida del encuentro con la UTA criticando a los «metrodelegados» y éstos sosteniendo que «la empresa está pintada».
Los activistas anunciaron que seguirá hoy el paro porque «no hay solución» y «como la empresa no quiere solucionar nada vamos a continuar el paro por 24 horas más. La solución depende de Metrovías». Así lo consideró el delegado Néstor Segovia junto al abogado de su agrupación, Julio Ramírez, quien anticipó que se «podría dictar la conciliación obligatoria».
«Les pedimos hasta resignar la plata pero dicen que no tienen presupuesto. La empresa Metrovías está pintada. Le pedimos que si no puede resolver este conflicto dé un paso al costado y discutimos con otros», advirtieron los gremialistas.
Por su parte, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, dijo que sentía «vergüenza ajena» por la posición de los «metrodelegados» que «no querían levantar la medida para discutir». Fernández dijo que continuar con el paro «es una falta de respeto» y que el conflicto se soluciona «levantando la medida y discutiendo».
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