Suspenden por 180 días ferias ilegales

Los comerciantes y empresarios de la provincia se movilizaron ayer en La Plata para acompañar la sesión en la Legislatura que terminó limitando las denominadas ‘‘saladitas’’.

Buenos Aires - El Senado bonaerense convirtió ayer en ley el proyecto que suspende por 180 días en todo el territorio provincial las habilitaciones, autorizaciones o permisos para la apertura de nuevas ferias de múltiples puntos de venta, conocidas popularmente como «saladitas».

La pretensión apunta a abrir un paréntesis para reglamentar la actividad, que desata fuertes quejas en el resto del arco empresarial y comercial bajo la denuncia de la competencia desleal que generan la evasión fiscal, la venta de mercadería falsificada y los trabajadores en negro.

Esa nueva regulación podría ir de la mano de la modificación de la Ley de Grandes Superficies Comerciales, para incorporar estos emprendimientos a esa normativa con acento en el combate de la evasión impositiva y la defensa de los derechos de los trabajadores.

La norma sancionada fue alentada por empresarios y comerciantes, quienes protagonizaron ayer una movilización por el centro de La Plata para repudiar el funcionamiento de este tipo de prácticas comerciales. Al posterior acto asistió, además, el director de Comercio provincial, Alfredo Buglione.

Ayer, el titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Raúl Lamacchia, celebró la sanción. «Respaldamos la suspensión de la norma para evitar la competencia desleal y la repetición de estos formatos que son verdaderos centros de evasión», enfatizó, además de advertir que si el Estado no regulariza a La Salada y a las Saladitas, los comerciantes que trabajan bajo la ley optarán por una rebelión fiscal. En sintonía con FEBA, también reclamaban esa medida la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Asociación de Industriales de Buenos Aires (ADIBA) y la Confederación Empresaria de la provincia de Buenos Aires (CEPBA). Según FEBA y ADIBA, la Salada constituye «el centro evasor más grande del mundo», con -aseguran- una supuesta evasión de $ 4 mil millones, que equivalen a «10 hospitales de alta complejidad, 40 mil patrulleros equipados y 100 escuelas para 600 alumnos.

En la sesión presidida por el radical Roberto Costa (el justicialista Federico Scarabino debió quedarse a cargo del Ejecutivo por el viaje de Daniel Scioli a Italia), la iniciativa contó con el apoyo unánime de todos los legisladores.

Durante estos seis meses, la Legislatura deberá ahora lograr el consenso necesario para dictar una ley marco para regular el funcionamiento de este tipo de actividades comerciales.

Precisamente, quedó establecido que durante este plazo la Legislatura «reglamentará el funcionamiento de este tipo de emprendimientos», mientras que también se definió que la suspensión incluye las nuevas solicitudes de habilitación y las que se encuentren en trámite en los municipios. Además queda abierta la posibilidad de extender la suspensión otros 180 días.

Desde la vereda de la feria más emblemática en esta materia, la de la Salada (ubicada en Lomas de Zamora e imán para un masivo flujo de compradores día a día), el administrador del predio, Jorge Castillo, salió ayer a defender la práctica y denunció que «hay diputados a los que compran».

«Como pasaba en la década del 70, se busca prohibir, prohibir y prohibir o reglamentar y reglamentar», intentó argumentar, además de advertir: «No nos pueden decir que dejemos de trabajar porque es imposible».

En este marco, el senador del FpV-PJ, Roberto Fernández -titular de la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo- resaltó que la suspensión es de carácter provisorio. «Bajo ningún punto de vista se las quiere prohibir, sino que lo que se busca es que estén acordes con la ley», resaltó.

Según Fernández, la preocupación «tiene que ver con los comercios de los centros comerciales urbanos». «Pero lo más importante pasa por la evasión impositiva de estos puntos de venta; debemos defender la recaudación nacional, provincial y municipal y salvaguardar al trabajador», dijo.