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Tampoco S&P mejorará la nota
del país, afirmó Joydeep Mukherkji, analista de nota soberana para Latinoamérica de la evaluadora. Si bien Mukherji dijo haber recibido un creciente número de consultas de los inversores sobre si la calificación argentina será elevada desde B- después del arreglo, reveló que S&P está más enfocada en asuntos como la «floja» política fiscal del país.
La presidente Cristina de Kirchner intenta recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda después que la recesión global redujo los ingresos fiscales de las exportaciones argentinas de soja y trigo. Los juicios de acreedores que no se acogieron al anterior intercambio, como el multimillonario estadounidense Kenneth Dart, impiden al país vender deuda en el extranjero. Las necesidades crediticias del Gobierno se dispararon este año a u$s 10.700 millones desde u$s 5.900 millones en 2008, según estimaciones de Crédit Suisse Group AG.
Reducción
S&P redujo la calificación argentina dos niveles el año pasado a B-, seis niveles por debajo del grado de inversión, cuando el Gobierno nacionalizó los fondos de pensiones y desencadenó protestas de los agricultores en todo el país al aumentar los impuestos a las exportaciones. Según Mukherkji, esas medidas pusieron de relieve la necesidad de «mayor predictibilidad de la política económica».
La reestructuración argentina de 2005, que fue aceptada por alrededor del 75% de los acreedores, había llevado a S&P a elevar la calificación desde el nivel de impago. El país interrumpió los pagos de bonos por valor de u$s 95.000 millones en 2001, el mayor impago soberano de la historia. Moodys Investors Service califica la deuda externa argentina con B3, también seis niveles por debajo del grado de inversión. La reestructuración de deuda «no es un factor de peso a este nivel», dijo Mukherkji.
«La aprobación legislativa del proyecto de ley podría llevar al Gobierno a presentar a los inversores los detalles de una oferta de arreglo ya la semana próxima», explicó Eduardo Suárez, analista de RBC Capital Markets en Toronto.
Suárez predice que hasta el 80% de los acreedores restantes participará en el intercambio de deuda, contribuyendo a allanar el camino para que el Gobierno venda bonos internacionales ya en el primer semestre de 2010.
Agencia Bloomberg
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