Tarifas: hay que pagar lo que se consume (y revisar las cuentas)

 Los críticos del "ajuste brutal" del Gobierno de Macri se concentraron en algunas pocas medidas económicas que lo representan cabalmente. La eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos, referida como "el desmesurado aumento de tarifas", es seguramente la más significativa. Desde los gobernadores provinciales hasta Marcelo Tinelli o Mirtha Legrand, desde Cristina de Kirchner hasta Elisa Carrió, todos se mostraron de acuerdo: la medida fue un exceso. Algunos de ellos adujeron, pero seguramente todos pensaron, que este error político fue propio de un ministro tecnócrata y acostumbrado a dirigir corporaciones como el expresidente de Shell Juan José Aranguren.

Ahora bien, ¿fue razonable la unanimidad de la queja? Lo primero que se debe pensar es que se trató de una eliminación de subsidios (y todavía parcial) y no de un aumento de tarifas. Con esto quiero decir que estos subsidios que se eliminan, tratándose de servicios que son regulados por el Estado, no son los subsidios naturales que ya están incluidos en el sistema mismo, sino otros subsidios, externos a dicho sistema y adicionales a los naturales.

En efecto, cuando se organiza el marco tarifario de un servicio público, se incorporan subsidios cruzados entre distintos consumidores que hacen a la esencia de lo que los reguladores estipulan como justo. Por ejemplo: las tarifas residenciales son más baratas que las tarifas comerciales, a iguales consumos de servicios. Y las residenciales, a su vez, se dividen por nivel de consumo, es decir, por nivel económico de los consumidores.

Así, en un sistema tarifario normal, como el argentino pre-subsidios, pagan más las empresas, después los consumidores más ricos y, por último, pagan menos los consumidores más pobres. Es decir, aún sin la presencia de subsidios adicionales, el sistema ya contiene los subsidios considerados justos por los legisladores que lo crearon.

Lo que sucedió en la Argentina fue que la devaluación de 2002, por la cual el dólar pasó de $ 1 a $ 4 en unas pocas horas (esa sí fue verdaderamente brutal), habría cuadruplicado las tarifas de servicios públicos, pues se habían fijado en dólares para lograr convencer a los inversores de invertir en energía y telefonía. Ante ese panorama, el Gobierno de entonces pesificó las tarifas sin más: anestesia para los usuarios y quebranto para los proveedores.

Lo que fue razonable para esa especial coyuntura se transformó en una medida permanente ¡por más de 10 años! Y el Estado financiaba con subsidios parte de la diferencia que los consumidores no pagaban (la otra parte la financiaba el deterioro del capital invertido, la caída de reservas de gas y petróleo, etc.). Cuando el dólar ya estaba en los $ 10 y todos los precios de la economía se habían acomodado a ese nivel, las tarifas de servicios públicos todavía seguían a $ 1, como en 2002. El Estado acumulaba un gasto anual en subsidios equivalente al 3% del PIB y nos quedábamos sin luz y sin gas: todo un sinsentido.

Volviendo al presente: lo que el Gobierno hizo a fines de enero con la electricidad y a principios de abril con el gas fue eliminar los subsidios y dejar a los usuarios con el precio que deben pagar, como sucedía antes de 2002 (en rigor, el esquema de principios de año todavía mantiene subsidios parciales que antes no existían).

Esto significó que los consumidores tendríamos que volver a pagar lo que pagábamos antes de 2002. La pregunta que debemos formularnos es: ¿alguien se quejaba de las tarifas de servicios públicos en los 90, en los 80 o en los 70? No recuerdo que nadie considerara que esas tarifas fueran impagables. Entonces, si ahora tenemos que volver a pagar lo mismo que pagábamos antes, ¿por qué a tantos referentes de opinión pública les parecen "impagables"?

Acudí a mis archivos personales para comparar las facturas de hoy con las que pagaba en 2000 (vivo en la misma casa). Para mi asombro, hoy, tras los "aumentos brutales" de Macri, pago un 67% menos en dólares de lo que pagaba entonces.

El análisis todavía es parcial, ya que falta tener un año completo de tarifas nuevas y falta también el gas del invierno. De todos modos, comparé períodos similares y las cifras son elocuentes: todavía estoy pagando muchísimo menos de lo que pagaba en 2000, medido en dólares, que es lo mismo que decir medido en poder de compra. Todavía debería multiplicarse por 3 lo que estoy pagando hoy, tras la suba de tarifas, para pagar lo mismo que pagaba entonces.

Mi conclusión fue: a nadie le gusta pagar más que antes. Y estos años nos acostumbramos a gastar más en otras cosas más disfrutables que la luz, el agua o el gas, aprovechando que éstos eran "regalados". Pero lo que nos quieren cobrar ahora, de a poco y con retrocesos, no es otra cosa que lo que pagábamos siempre. Y nunca nos quejamos por eso. Hay que encarar la realidad con grandeza y dejar de quejarse. Y para los que realmente tienen una situación delicada, el Gobierno ha previsto soluciones especiales y, si no, las pueden pedir y seguramente serán escuchados. Todos los demás tenemos que pagar lo que consumimos y consumir responsablemente.