Durante la madrugada de ayer el oficialismo logró, con una sutil e inteligente estrategia, dar luz verde al proyecto tapón sobre tarjetas: las comisiones bajarán aún menos de lo que se había acordado la semana pasada. El Senado aprobó una iniciativa distinta a la que votó Diputados ayer, por lo que ahora existen dos proyectos distintos en cada Cámara, lo que provoca un choque de poderes.
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Todo eso lleva a que el tema, que no ingresó en el temario de sesiones extraordinarias, quede sin ser sancionado al menos hasta 2017, excepto que el Senado apure la próxima semana -sobre tablas- lo que votó Diputados, que establece la reducción al 2% de los aranceles de las tarjetas de crédito y al 1% para las operaciones concretadas con las de débito.
Sin embargo, durante la madrugada de ayer, el legislador del PRO y titular de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, propuso una modificación del artículo 13 para que "los emisores y adquirentes de sistemas abiertos" deberán cobrar una tasa que "no podrá ser superior a 2,6% para las operaciones que se realicen con tarjeta de crédito, y a 1,3% para las que se realicen con débito".
Para 2018, esos guarismos bajarán a 2,3% para las tarjetas de crédito y 1,15% para las de débito, mientras que en 2019 las cifras serán de 2% y 1%, respectivamente,
Lo que sí aclara el proyecto es que "no se aplicará la excepción establecida en el párrafo anterior a las operaciones que involucren a empresas que se encuadren en la categoría de micro y pequeña empresa del sector comercio". A pedido de Elisa Carrió, se agregaron las "medianas" empresas.
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