Tecno-voto: Justicia pide precisión, cash y tiempo

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• CUMBRE JUDICIAL PARA EVALUAR REFORMA
Mauricio Macri presiona a Rogelio Frigerio para que el voto electrónico esté listo para las elecciones de 2017. La Justicia dice que debe validar todos los procedimientos y necesita alargar plazos.

Con shows y chispas, el entrevero del Congreso no es el ring más ardiente que debe atravesar la fantasía de Mauricio Macri de instaurar, en 2017, el tecno-voto en todo el país. Al fuego de las ONG y la trinchera informática, y a las correcciones que piden -e imponen- los partidos, se suma un conflicto sordo pero áspero: la posición de la Justicia.

Alberto Dalla Vía, presidente de la Cámara Nacional Electoral (CEN), convocó para el martes próximo una cumbre con jueces federales, con competencia electoral, y especialistas para hacer un diagnóstico del proyecto de voto electrónico -técnicamente, boleta electrónica- que se discute en el Congreso.

Hubo, claro, análisis minucioso de la iniciativa e, incluso, consultas por parte del Ministerio del Interior durante la redacción del proyecto. Pero la CEN, como tribunal mayor en materia electoral, empezó a pensar anticipadamente en la instrumentación, aventura monumental que requiere llevar el sistema a 95 mil mesas de votación en todo el país.

El alerta de la Justicia electoral es razonable: la "homologación" del sistema de votación y la confección de parte del mecanismo -la disposición de las pantallas y candidatos- se lo delega el proyecto del PRO a la Cámara y las juntas electorales. El proceso, complejo, requiere tiempo y precisiones, según explican desde la Justicia y eso es lo que quiere determinar Dalla Vía y su colega, el camarista Santiago Corcuera, en la reunión convocada para el martes a la que concurrirán jueces y secretario les de juzgados electorales. María Romilda Servini de Cubría, la superjueza electoral que actualmente interviene en lo federal, de CABA y bonaerense, anticipó que enviará colaboradores.

Es histórica, una cuestión de piel, la tirria entre la CEN y Servini. Cada tanto, como es el tribunal de alzada, los camaristas le "anulan" fallos con argumentos feroces. Uno de los últimos fue respecto al PJ: Servini validó una intervención que la Cámara destrozó de arriba abajo.

Urgencias

Entre Casa Rosada y la CEN chocan dos urgencias. La de Macri, que martilla a su ministro de Interior Rogelio Frigerio con que en 2017 haya tecno-voto en todo el país y presiona para apurar el trámite técnico en manos de Andrés Ibarra, y la de la Justicia que debe validar el procedimiento y entiende que necesita tiempo para auditar y recursos.

Ibarra, que se conoce desde hace años con Dalla Vía, es el encargado de operativizar el voto electrónico. El acuerdo con el Gobierno de Corea del Sur es el primer paso: de allí se traerían las máquinas de votación y, como parte de la operación comercial, desde Corea "donarían" el software. Pero, sobre todo, hay dudas: desde el tamaño de la pantalla del buzón de votación a "programa" y diseño sobre, por caso, cuántos candidatos entran en una pantalla y cuántos nombres figuran cuando se trata de listas sábana.

Confección

"Sin la ley y la reglamentación, esto no se puede confeccionar. Cuando se haga, si ya se compraron las máquinas y el software, ¿estamos seguros de que nos van a servir?", dicen desde un despacho judicial. A la homologación del sistema y la confección del procedimiento hay que agregar otro factor: la capacitación de las autoridades de mesa y la campaña pública para "enseñar" a usar el nuevo método.

Todo eso, además de tiempo, requiere recursos. En Casa Rosada cuentan, furiosos, que un organismo del Estado tarifó en 2.600 millones de pesos un programa nacional de capacitación. Suena a desmesura, pero los números son desmesurados: "entrenar" a 33 millones de votantes (contemplan poner 1.500 puntos fijos de capacitación) en 95 mil puntos de votación, más de 250 mil autoridades de mesa de Ushuaia a La Quiaca.

La cuenta final se perfila inmensa. El dato que circula en Congreso habla de que cada "buzón de votación" coreano costará cerca de 200 dólares. Como se necesitan unas 120 mil -una por cada mesa de votación, para una máquina suplente por escuela- el costo de adquisición superaría los u$s20 millones. O 300 millones de pesos. Hay otros costos. En las experiencias del año pasado, se pagó alrededor de 0,60 dólar por cada boleta emitida por la impresora de calor. Si votasen unos 30 millones en las PASO y una cifra similar en la general, serían 60 millones de boletas. Costo: unos 35 millones de dólares, es decir: 525 millones de pesos.

Queda, en suspenso, el factor más espinoso del proyecto. Varios expertos informáticos pusieron el foco en que el sistema es vulnerable. La boleta con microchip podría leerse a la distancia, lo que permitiría que se "pueda saber" a quién votó cada uno. Un festival para el voto cadena digital. El riesgo se puede mitigar, pero sin conocerse aún el software y los buzones, es difícil evaluar qué nivel de riesgo tendrán. Sobre ese menú de incertidumbre empezarán a remar, la semana que viene, Dalla Vía y los jueces electorales.

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