UCR le exigió a Redrado que no transfiera fondos

Copia de la carta que ayer le envió el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, a Martín Redrado exigiéndole que se abstenga de utilizar reservas para pagar deuda a bonistas.

El radicalismo sumó presión ayer sobre Martín Redrado para que el Banco Central se abstenga de utilizar reservas para el pago de deuda con vencimiento en 2010 como estableció el decreto que creó el Fondo del Bicentenario. El mendocino Ernesto Sanz, presidente de la UCR, le envió ayer una carta a Martín Redrado donde le exige que «se abstenga de transferir reservas del Banco Central al Tesoro Nacional, en la forma establecida por el Decreto de Necesidad y Urgencia número 2.010, del 14 de diciembre pasado». Es decir, le pide que frene la aplicación del decreto que creó el Fondo del Bicentenario para cancelar deuda con vencimiento en 2010 mediante el uso de reservas.

«Ese decreto no es necesario ni urgente, invade una zona de reserva legislativa, desconoce la autonomía del Banco Central y deteriora la intangibilidad de las reservas comprometiendo los depósitos de ese banco en el exterior», le dijo Sanz a Redrado, en la carta que se suma a toda la batería que esta semana desplegó la oposición para intentar frenar la aplicación del DNU, por lo menos hasta que el Congreso no opina sobre el tema.

«La apropiación de reservas internacionales por el Gobierno para pagar deudas comerciales corrientes, sin ley formal que lo autorice, no sólo viola la autonomía del Banco Central sino que compromete irresponsablemente la inembargabilidad de las reservas del país, al debilitar la separación entre los fondos del banco y la actividad gubernamental», dijo ayer Sanz, recordándole a Redrado la diferencia que existe entre autorizar pagos a organismos como el FMI o el Banco Mundial y usar reservas para cancelar deuda a bonistas, como en este caso.

Pero sin duda el párrafo más duro de la nota es el que advierte a Redrado que de aprobar la transferencia de los u$s 6.569 millones podría enfrentar consecuencias penales: «las autoridades del Banco Central que consientan o dispongan de reservas con el destino que contempla el decreto ya citado, incurrirán en un abuso funcional reprimido por el artículo 248 del Código Penal con prisión de hasta dos años para el funcionario que dicte resoluciones u órdenes, contrarias a la Constitución o las leyes», dice la misiva.