UCR sale de campaña con la agenda que aporta el Gobierno

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El radicalismo pulirá esta semana la estrategia de campaña para las elecciones de octubre. Una mayor confrontación con el kirchnerismo y un mensaje localizado en la provincia de Buenos Aires para enfrentar a Sergio Massa estarán dentro de las líneas generales.

La agenda, de todas formas, ya se fue perfilando e incluye como temas de campaña, más allá de la inflación, el cepo al dólar y la situación de la industria, cuestionamientos al sistema carcelario, a la licitación de obra pública y un seguimiento fino desde ayer al estado de la causa que siguen los holdouts contra el país en Nueva York y el proyecto de reapertura del canje que anoche anunció Cristina de Kirchner.

Para comenzar, el jefe del Comité Nacional de la UCR, Mario Barletta, junto a la presidente de la Convención Nacional del radicalismo, Lilia Puig de Stubrin y los jefes de los bloques parlamentarios, José Cano y Ricardo Gil Lavedra, enviaron ayer una carta a Cristina de Kirchner solicitándole que desplace al titular del Servicio Penitenciario, Alejandro Marambio.

Esa carta explica que el pedido se basa en "los nefastos antecedentes que posee el Sr. Marambio en su anterior gestión (2007/2011) al frente del Servicio Penitenciario".

Junto con esa nota, Barletta y Puig de Stubrin le giraron a la Presidente un informe del procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, en el cual resumen las denuncias presentadas contra Marambio por permitir condiciones degradantes de detención, como el dejar encerrados a los presos durante todo el día en cuartos de dos metros cuadrados.

"Durante la gestión de Marambio se enquistaron pésimas prácticas penitenciarias, violatorias a los derechos humanos, a las que se garantizó la impunidad",
le dijeron a Cristina de Kirchner.

Gil Lavedra, junto a Manuel Garrido, se encargaron del segundo paso y presentaron ayer una ampliación de la denuncia que hicieron el viernes pasado donde acusaron al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido; al ministro de Economía, Hernán Lorenzino; al secretario de Obras Públicas, José Francisco López; al subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Atilio Bortolozzi; al secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y a otros funcionarios públicos por irregularidades en el proceso licitatorio para adjudicar las obras de las futuras represas Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic, en Santa Cruz, a la empresa Electroingeniería.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N° 6, a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Del tema deuda se ocupó el jujeño Gerardo Morales. Mas allá del debate que arrancará hoy en la UCR sobre la reapertura del canje de deuda que el Gobierno anunció ayer y que será debatido en el Congreso, ya que el cerrojo al canje fue aprobado por ley, los radicales presentaron ayer un pedido de informes para que el "Poder Ejecutivo Nacional, mediante los organismos que correspondan, informe las siguientes cuestiones vinculadas con los honorarios profesionales abonados con relación a los litigios internacionales en contra de la República Argentina".

Los radicales, que intentarán debatir el tema en la sesión del Senado prevista para mañana, junto con el caso de la fuga de presos del penal de Ezeiza, piden que se informe "la totalidad de los honorarios profesionales que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación abonó al estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (con sede en Buenos Aires, Argentina, y Nueva York, Estados Unidos de América) por los servicios legalwes prestados desde el 1/01/2011 ha sta la fecha".

Y sobre esto argumentaron: "Conocer los motivos por los cuales fue contratado el estudio jurídico Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, así como el monto total de honorarios profesionales, que ascenderían a 20 millones de dólares, con sus correspondientes facturas, es de vital importancia para el Congreso Nacional".

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