UCR y Carrió piden más control a testaferros

El radicalismo y la Coalición Cívica anunciaron ayer la presentación de un proyecto de ley para controlar que ningún funcionario del Gobierno se beneficie de la ley de blanqueo de capitales y «evitar que se consoliden situaciones de irregularidad» con esa norma que acaba de entrar en vigencia, pero no busca derogarla. El proyecto, que fue elaborado por asesores de las dos fuerzas, fue explicado por el radical Gerardo Morales y los diputados de la CC Adrián Pérez y Patricia Bullrich, pero tiene el sello de Elisa Carrió, que durante la presidencia de Fernando de la Rúa presidió la polémica comisión investigadora sobre lavado de dinero en Diputados.
El proyecto busca modificar la ley de Ética Pública, el Código Penal y el Código Civil para establecer «una inhabilitación especial para los actos de adquisición o venta de bienes de funcionarios públicos» y «desalentar el uso de testaferros con el objetivo de esconder el origen de fondos dudosos».
Por eso el proyecto propone intimar a los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes y obliga a los escribanos a controlar el origen de los fondos en toda operación de compraventa.
Esos movimientos de fondos deberán ser notificados luego a los registros previstos por la ley para declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos «en un plazo de 90 días».
En realidad, el proyecto va más allá del control de la ley de exteriorización de capitales ya que declara también que los funcionarios públicos y sus familiares «son inhábiles para el ejercicio de actos de adquisición y disposición de bienes, durante el período que ejerzan su función, prorrogados por dos años más allá de la extinción o renuncia del mandato», a menos que puedan probar el origen lícito de los fondos.
«Vamos a hacer respetar la ley. Buscamos de esta forma cerrar el círculo para que no vengan a blanquear dinero los amigos del Gobierno. Los mecanismos para el lavado de dinero de corrupción y narcotráfico están abiertos y esto es lo que queremos frenar», dijo ayer Morales.
La presentación se hizo el mismo día en que el gobierno de Estados Unidos publicó una nueva versión de un informe sobre narcotráfico en el que aclara que la ley de blanqueo de capitales vigente en la Argentina «satisface los requerimientos internacionales» de lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico. Como un nuevo gesto del Gobierno de Barack Obama hacia la Argentina, Washington quiso rectificarse por los cruces de los últimos días entre la Cancillería y el Departamento de Estado por el informe de la CIA sobre el impacto de la crisis en Latinoamérica.
«La reglamentación de la ley aclarará que las operaciones alcanzadas estarán sujetas a las normas relacionadas con la prevención de delitos financieros, y asimismo incluirá presuntamente la exigencia de que las transferencias desde el extranjero se originen en países que cumplen con las normas internacionales de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo», dice ahora el informe estadounidense y aclara: «Altos funcionarios del Gobierno han indicado que van a garantizar que toda la legislación, incluida la presente ley, se ajuste a las obligaciones del país como miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera para Sudamérica (Gafisud)».