Las principales plataformas de redes sociales del mundo acordaron desembolsar cerca de u$s27 millones para poner fin a una demanda impulsada por un distrito escolar rural de Kentucky, que las acusó de desarrollar productos adictivos y de contribuir al deterioro de la salud mental de los adolescentes.
Meta, TikTok y Snap pagarán u$s27 millones para cerrar una demanda por adicción a las redes sociales
Un distrito escolar de Kentucky acusó a las plataformas de agravar la crisis de salud mental adolescente y sobrecargar recursos educativos. El acuerdo evita un juicio histórico, pero más de 1.300 demandas similares siguen en marcha en Estados Unidos.
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Archivo. El caso puede dejar un antecedente sobre la batalla de los usuarios contra las redes sociales.
El acuerdo evita lo que iba a convertirse en el primer juicio de este tipo en Estados Unidos promovido por un distrito escolar contra las grandes tecnológicas. Sin embargo, el caso podría anticipar un escenario mucho más amplio: más de 1.300 distritos escolares presentaron demandas similares y esperan llegar a los tribunales en los próximos años.
Según documentos difundidos bajo las leyes de acceso a la información pública de Kentucky, Meta —matriz de Facebook e Instagram— aceptó pagar u$s9 millones, la cifra más alta entre las empresas involucradas. Por su parte, Snap y TikTok acordaron desembolsar u$s8 millones cada una.
YouTube, propiedad de Google, pactó un pago superior a u$s2 millones y fue la única compañía que además se comprometió a ofrecer programas de capacitación para docentes, con el objetivo de mejorar el uso de su plataforma en entornos educativos.
La batalla legal contra las redes sociales
Los pagos representan un monto superior al presupuesto anual del distrito escolar del condado de Breathitt, que ronda los u$s25 millones.
Las empresas habían anunciado el cierre del caso a comienzos de este mes, aunque sin revelar cifras. El juicio estaba previsto para el 12 de junio en un tribunal federal de Oakland, California.
No obstante, la resolución difícilmente cierre el frente judicial. El próximo proceso impulsado por otros distritos escolares ya tiene fecha tentativa para febrero de 2027.
Los acuerdos alcanzados en Kentucky también podrían ser interpretados como una señal de disposición de las compañías a explorar una solución más amplia para el conjunto de las demandas.
Las acusaciones contra las redes sociales
En los últimos cuatro años, particulares, fiscales generales estatales y sistemas educativos presentaron más de 6.000 demandas contra las principales plataformas digitales. Las acusaciones sostienen que las empresas diseñaron productos con mecanismos altamente adictivos y orientados a captar la atención de menores, en una comparación que algunos demandantes equiparan con las estrategias históricas de la industria tabacalera.
Entre las funciones cuestionadas aparecen el desplazamiento infinito de contenido, la reproducción automática de videos y otros sistemas de recomendación diseñados para maximizar el tiempo de permanencia en las aplicaciones.
La presión legal sobre las plataformas se intensificó durante este año. En marzo, un jurado de Los Ángeles concluyó que Meta y YouTube eran responsables de los daños sufridos por una mujer de 20 años que argumentó haber desarrollado una adicción a las redes sociales que derivó en graves problemas emocionales. La indemnización fijada fue de u$s6 millones.
Ese mismo mes, otro jurado en Nuevo México condenó a Meta a pagar u$s375 millones por no proteger adecuadamente a menores frente a riesgos en línea.
El caso de Breathitt fue considerado un juicio de referencia para medir la fortaleza de los reclamos de los distritos escolares. Por eso, sorprendió que todas las compañías optaran por cerrar el litigio antes de llegar a la instancia oral.
Mientras tanto, Kentucky integra un grupo de alrededor de tres docenas de estados que también iniciaron acciones judiciales contra Meta por los supuestos daños asociados al uso de redes sociales.
Ese proceso tiene previsto comenzar en agosto en Oakland y el fiscal general del estado ya adelantó que buscará sanciones civiles por hasta u$s40.000 millones.
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