Por primera vez desde que asumió en diciembre de 2015, el Gobierno de Mauricio Macri logró tomar aire y posicionar más favorablemente sus perspectivas económicas, gracias a la sensible baja de la inflación que registró el INDEC, tanto en agosto, como en septiembre, cuyo índice aún no se conoció, pero todo indicaría que alcanzará el 1,5%.
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Sin embargo, a pesar de estos síntomas positivos, le resulta complejo salir del laberinto y proyectarse hacia el futuro, debido al temor que genera el fantasma del paro que lanzaron como amenaza las centrales sindicales y que tiene centro en el reclamo por la reapertura de las paritarias. Esa presión, por sí misma, ya provoca lógica preocupación entre los empresarios.
La posible prenda de cambio para disuadir a los dirigentes sindicales fue la propuesta de eximir del pago de Impuesto a las Ganancias al medio aguinaldo de diciembre y el otorgamiento de un bono de fin de año, que pueda compensar -aún mínimamente- las expectativas de los sectores con menor poder adquisitivo. Comenzaron, entonces, las negociaciones por el monto que el Estado podría llegar a destinar para ese fin, que se empantanaron ni bien desde el Ministerio de Hacienda bajaron un primer borrador con el número posible; un monto que ni por lejos, satisface el reclamo cegetista.
Y allí surge el otro gran dilema: ¿cuál es la utilidad de plantear esa supuesta solución a un problema que sólo genera complicar aún más esa caja de Pandora que sigue siendo el gasto público? ¿Cómo es posible creer que todas las provincias estarán en condiciones de afrontar el compromiso que pudiera surgir de un eventual acuerdo por un bono de fin de año, cuando muchos gobernadores están negociando con el Estado nacional el reacomodamiento de sus déficits fiscales para obtener más fondos?
Todo eso sin contar, además, con que la baja de la inflación terminará transformándose en un búmeran ya que la mayor presión sobre el sector empresarial para el pago de una suma fija o un mayor porcentaje de la masa salarial se trasladará a los costos y, por ende, a los precios. Y todos sabemos cómo termina esta película.
Es un momento crucial para la toma de decisiones y el Gobierno no tiene margen para cometer los errores en que incurrió durante el primer tramo de su gestión. Claramente el problema de la Argentina, tal como lo afirmaron a coro los empresarios que se acercaron a escuchar al presidente argentino durante su reciente paso por Nueva York, no es económico, sino político. El poder no duda que la gestión de Macri es capaz de enfrentar los desafíos macroeconómicos con destreza y tiene capacidad sobrada para sortear las dificultades heredadas del descontrol vivido hasta diciembre pasado. Pero la desconfianza se acrecienta cuando se evalúa su capacidad política para sostener ese rumbo y protagonizar el tan deseado cambio que la sociedad argentina apoyó mayoritariamente en las últimas elecciones. Es prioritario que la lógica preocupación por afrontar con buenas posibilidades el desafío electoral de medio término no nuble la mirada del timonel que conoce el rumbo por el que debe llevar la nave de la economía argentina y que la mala política, esa que sólo se entiende en términos prebendarios y demagógicos, termine por empañar las posibilidades que el país tiene de salir adelante.
De cómo juegue el Gobierno sus cartas en las próximas semanas para negociar una salida no traumática al planteo sindical de los caciques cegetistas depende que el horizonte inmediato se despeje o se nuble, justo antes de un proceso electoral que complicará aún más el control de un gasto público que sigue sin remedio.
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