Un costo impagable

El Gobierno mensuró en unos $115.000 millones el costo fiscal total que tendría aceptar y reglamentar el proyecto de ley que retrotrae las tarifas de servicios públicos de luz y gas a diciembre de 2015 y autoriza indexaciones sólo con la evolución salarial. Ese dinero equivaldría a llevar el nivel de déficit primario a más de 3% del PBI, anulando todo el esfuerzo que desde el Ministerio de Hacienda se viene realizando para controlar la principal causa del alza de la inflación. Ese dinero equivaldría a aproximadamente unos u$s4.500 millones, fondos que deberían ser obtenidos en el mercado financiero internacional; lo que hoy por hoy es imposible por las tasas de interés que se le cobrarían al país. Aceptar ese déficit traería además como consecuencia indirecta la caída definitiva de las negociaciones con el FMI ante la imposibilidad de cumplir con los compromisos básicos de un acuerdo fiscal con el organismo.

El Gobierno además calculó el costo con otras equivalencias. Sumaría el dinero presupuestado para los ministerios de Salud; de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Agroindustria; Ambiente y Desarrollo Sustentable, Cultura y Turismo juntos. Sería casi el doble de toda la inversión real directa presupuestada para el Sector Público Nacional; y equivaldría a 2.875 escuelas, 575 hospitales y 77.000 viviendas sociales. También alcanzaría, según los números oficiales, a 12 veces el Plan de Seguridad Alimentaria; a todo el gasto nacional en educación superior y se compararía a tres veces el presupuesto del Ministerio de Educación, excluyendo la educación superior y el Fonid.