Un DNU contra bloqueo a salida de diarios

El jefe de Gobierno porteño firmó ayer un Decreto de Necesidad y Urgencia para incluir en el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires penalidades ante acciones contra la libertad de expresión, que incluyen prisión y multas de hasta $ 50 mil.

En medio de la polémica por las competencias de la Policía Federal y la Metropolitana, Mauricio Macri firmó el DNU para incorporar en las normas de la Ciudad «la penalización de acciones que atenten contra la libertad de prensa y expresión, como impedir la salida de medios gráficos e intimidar u hostigar a directivos, periodistas y otros trabajadores de la cadena de difusión para tratar de frenar la difusión de ideas y noticias», según explicó el Gobierno porteño en un comunicado.

El decreto debe ser tratado en las próximas dos semanas por la Legislatura porteña, para refrendarlo o rechazarlo, ya que en la Capital Federal, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, si un DNU no es debatido en el recinto, cae totalmente.

Análisis

El de ayer fue el 2/11 para agregar tres artículos al Código Contravencional, que los legisladores deberán analizar si no confrontan con el Código Penal Nacional.

Macri fundamentó la decisión señalando «los hechos de público conocimiento ocurridos los días 26 y 27 de marzo del año en curso, que impidieron la normal circulación» de algunos medios y dijo que «la situación debe ser evaluada como particularmente grave ante la notoria inacción de las autoridades competentes del Estado nacional».

Así, la norma incorpora al Código Contravencional como «Protección a las libertades de prensa y de expresión» tres artículos. El primero dicta que «quien intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la producción, impresión, distribución o difusión de ideas, opiniones o informaciones a través de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva, o por cualquier modo perturbe esta actividad, será sancionado con una multa de $ 5 mil a $ 50 mil o con arresto de tres a diez días».

Luego, que «quien intimide u hostigue a directivos, gerentes, trabajadores, periodistas o distribuidores de medios de prensa o de comunicación masiva buscando alterar su contenido, línea editorial o sistemas de comercialización y/o distribución será sancionado» con las mismas penas, pero que en caso de que se tratare de funcionarios públicos las sanciones se elevarán al doble.

El último artículo sanciona con $ 2 mil a $ 30 mil o con arresto de uno a diez días al que «intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la libre expresión en forma pública de ideas, opiniones o informaciones».