"Un joven tiene menos garantías que un adulto"

• Diálogo con ministro de Justicia de Santa Fe sobre Código Penal para menores

Según Lewis, el proyecto aspira a “erradicar por completo el paradigma tutelar, que está bastante presente en las normas y prácticas judiciales”.

Santa Fe - Tras la puesta en marcha del flamante Código Procesal Penal el pasado 10 de febrero, la provincia que gobierna el mandatario socialista Antonio Bonfatti se dispone avanzar con un mismo mecanismo para menores de edad, tema que a nivel nacional impulsa desde hace varios años -en épocas del ARI- la diputada de UNEN Elisa Carrió. En diálogo con Ámbito Nacional, el ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, aseguró que es necesario modificar el actual régimen para que los jóvenes "dejen de tener menos garantías que un adulto".

Periodista: ¿Por qué es necesario un Código Procesal Penal juvenil?

Juan Lewis: El área procesal penal juvenil quedó excluida de este proceso de reforma aplicada desde febrero pasado y los jueces no tienen las suficientes herramientas para regular las infracciones cometidas por adolescentes. No es que no se pueda investigar, pero no hay reglas claras al perder uniformidad.

P.: ¿Y cómo fue tomado en la provincia la reforma del Código aplicada en adultos desde febrero?

J.L.: Si bien es temprano para hacer una evaluación definitiva, ha tenido un muy buen impacto en población y en el ambiente judicial, así como también en los procesos de investigación y procesamiento de delitos.

P.: ¿Cuál es la piedra basal del anteproyecto?

J.L.: Aspirar a erradicar por completo el paradigma tutelar, que está bastante presente en las normas y prácticas judiciales santafesinas.

P.: ¿Y cómo se aplicaría eso en términos prácticos?

J.L.: Lo que caracterizó el paradigma tutelar en todo el país es que el Estado reacciona frente a los niños, niñas y adolescentes entendiendo que están en una situación de desamparo, de riesgo, y muchas veces se confunden situaciones de vulnerabilidad o jóvenes que se encuentran durmiendo en la calle con los que comenten delitos.
Se los trata de la misma manera, entonces no se es efectivo en las políticas de seguridad, en las represivas y tampoco es efectiva en las políticas sociales porque está todo mezclado.

P.: ¿Esta última diferenciación puede llegar a ser tomada como una política de persecución?

J.L.: Al contrario. Hoy tienen, en los hechos, menos garantías que un adulto.

P.: ¿Por ejemplo?

J.L.: Un adulto tiene la certidumbre cuando le dan el otorgamiento de plazos procesales por los cuales se lo sanciona; un menor, no. Es más: se dictan muy pocas sentencias de responsabilidad.
Se los somete -a los jóvenes- a un tratamiento pero casi nunca se dicta una sentencia de responsabilidad. Esto es importante para la víctima.

P.: ¿Cuáles son los otros puntos destacados?

J.L.: Lo que se intenta es legislar sobre la especialidad, es decir, cuestiones que deben hacerse de una manera distinta en los jóvenes en atención a que el acusado es un menor de edad.
Además, se toman decisiones a través de audiencias orales, está prevista la intervención de la víctima pero no como querellante, y las medidas cautelares con plazos son inferiores a los que existen en el derecho procesal para adultos.

P.: ¿En cuánto estima que puede ser enviado a la Legislatura para su tratamiento?

J.L.: Ya está en organizaciones de la sociedad civil y en colegios de profesionales para que hagan dictamen. Si no hay observaciones importantes o cambios sugeridos podría llegar al Parlamento, a más tardar, en los próximos dos meses.

Entrevista de Mariano Casal