En el juicio político, Dilma Rousseff responde por lo que la acusación califica de "delitos de responsabilidad", para los que la Constitución contempla como pena la destitución y la suspensión de los derechos políticos por ocho años.
La presidenta, suspendida desde que se abrió el proceso el 12 de mayo, está acusada de haber emitido tres decretos que alteraron los presupuestos sin la venia del Congreso y de haber retrasado depósitos en la banca pública que generaron costosos intereses y se configuraron como créditos.
Aunque ambas operaciones están prohibidas por la ley, los datos oficiales dicen que son más que comunes en la administración pública. De hecho, fueron realizadas por gobernantes anteriores, aunque por montos muy inferiores y, en el caso de los atrasos con la banca pública, por unos pocos meses y no durante más un año, como ocurrió en el período de Rousseff.
Según el Banco Central, durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) los atrasos del Gobierno en depósitos similares fueron de una media de unos 1.000 millones de reales (unos 312 millones de dólares al cambio actual).
En el de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), se registró en ese tipo de incumplimientos una media similar a la de Cardoso, aunque con picos que llegaron a 8.400 millones de reales (2.620 millones de dólares de hoy).
En el de Rousseff, el BCB dijo que, a finales del año pasado, los atrasos en los depósitos del Gobierno para costear programas sociales y de apoyo a la agricultura ascendían a 58.680 millones de reales (unos 18.340 millones de dólares).
En todas esas situaciones, la banca pública, usada como agente de pagos, se vio en la necesidad de cancelar esos compromisos con sus propios recursos, lo cual está expresamente prohibido por las leyes, y el Gobierno debió pagar costosos intereses por sus demoras.
Sobre la parte de la acusación que se refiere a esos créditos, la defensa alega que Rousseff no tuvo participación directa en esas operaciones, gestionadas por los ministerios de Hacienda y de Planificación. Aunque lo acepta a medias, la acusación respondió que, si así fuera, Rousseff al menos incurrió en una grave "omisión" que la ley también condena con la destitución y la pérdida de los derechos políticos durante ocho años.
| Agencia EFE |
Dejá tu comentario