La jueza les imputa a los involucrados en la causa haber formado parte de "una organización que estaba liderada por Blaksley, destinada a captar sumas de dinero de distintos ahorristas/inversores, mediante la suscripción de contratos de mutuo y contratos de inversión, ofreciendo para ello tasas muy superiores a las del mercado".
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Según los investigadores, para concretar la maniobra se firmaban contratos de garantías que "no eran más que referencias abstractas o ambiguas, pues ninguna de ellas resultaba ejecutable" y para el desvío de los fondos "se utilizó un complejo entramado societario" mediante 25 empresas que fueron creadas con el único fin de canalizar el dinero. Los delitos que se le imputa a los involucrados son estafa, captación de ahorro del público no autorizada agravada, lavado de activos de origen delictivo y asociación ilícita.
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