Una impugnación a la asunción de Lula hace más incierto su futuro

Edición Impresa

Brasilia - En medio de una fuerte tensión, que incluyó manifestaciones y choques en Brasilia, Luiz Inácio Lula da Silva fue oficializado ayer ministro jefe de la Casa Civil (jefe de Gabinete) por la presidenta Dilma Rousseff, pero su asunción quedó en suspenso apenas cuarenta minutos después por orden judicial.

El juez Itagiba Catta Preta Neto, de la Corte Federal 4 del Distrito Federal (ver nota aparte), emitió una medida cautelar para evitar, dijo, que el exmandatario consiga los fueros que otorga la condición de ministro y que sustraerían su caso de las manos del magistrado de Curitiba Sérgio Moro, y lo pasarían al Supremo Tribunal Federal.

El Gobierno apeló de inmediato a través de la Abogacía General de la Unión (AGU), que en un comunicado aseguró que "no hubo intento de obstruir a la Justicia".

Según el titular de la AGU, José Eduardo Cardozo, Lula da Silva ya es jefe de Gabinete pero no podrá ejercer las funciones hasta que se resuelva el litigio.

Además de la presentación del juez Preta Neto ya hay otras nueve presentaciones contra el nombramiento en el STF. La alta corte tiene un plazo máximo de cinco días para decidir la cuestión.

"Está con un impedimento en el ejercicio de los actos, pero está investido", señaló Cardozo durante una rueda de prensa en Brasilia, en la que reinó la confusión sobre el estatus legal del nuevo funcionario.

Una escucha telefónica practicada el miércoles al teléfono de un secretario de Lula da Silva generó la sospecha que de que Rousseff lo designó al solo efecto de demorar el proceso jurídico contra su antecesor. "Te estoy enviando (el decreto de nombramiento) por si es necesario", se la escucha decir, lo que para los fiscales de la operación anticorrupción "Lava Jato" fue un modo de blindarlo ante un eventual arresto.

La escucha, entregada por Moro a la prensa, fue capturada más de dos horas después de que venciera el plazo legal para practicarlas, algo que el juez relativizó en declaraciones posteriores.

Aunque éste afirmó que no ve indicios de delito en el contenido, la divulgación que decidió encendió los ánimos en parte de la sociedad y desató manifestaciones de ciudadanos enfurecidos en varias ciudades.

Dilma brindó un discurso en la ceremonia de asun-

ción en el que denunció un golpe en ciernes y se mostró combativa (ver página 15), en medio de tumultos en la calle e incluso dentro del salón en el que se desarrollaba el acto.

"¡No habrá golpe, no habrá golpe!", coreaban, en tanto, los funcionarios y grupos oficialistas que aguardaban fuera del palacio presidencial del Planalto.

Lula, investigado en una causa por presunto ocultamiento de bienes en el megafraude de la estatal Petrobras, dejó el salón sin hacer declaraciones, en medio de una marea de custodios, asistentes y periodistas.

En tanto, afuera, en la Explanada de los Tres Poderes, opositores al Gobierno y partidarios del Partido de los Trabajadores chocaron brevemente. La Policía usó gas pimienta para impedir un enfrentamiento generalizado y separar a unos

300 manifestantes de la oposición que intentaban copar la plaza, ocupada en un número similar de oficialistas.

Por otra parte, la Policía Federal divulgó a los locales el borrador de una escritura de compraventa que mostraría que el expresidente habría comprado una casa de campo que usa frecuentemente y que está bajo investigación de la Justicia, aunque asegura que no es suya.

El documento no está firmado por ninguna de las partes y establece la venta del inmueble, ubicado en el municipio de Atibaia (San Pablo) del empresario Fernando Bittar y su esposa, Lilian María Arbex Bittar, a Lula en 2012. El precio de venta aparece fijado en 800.000 reales (unos 400.000 dólares de la época) por la finca Santa Bárbara, donde Lula reconoció que suele pasar muchos fines de semana.

La escritura es un borrador, no firmado y con espacios en blanco, como por ejemplo, en la fecha exacta del mes de junio de 2012 en la que sería firmada la supuesta transacción, que se pagaría con una entrada de 200.000 reales (100.000 dólares) y otras tres cuotas por el mismo importe.

Lula está siendo investigado, asimismo, por la propiedad de esta finca como por la de un departamento de lujo en la playa de Guarujá (San Pablo).

Agencias DPA, AFP y EFE,


y Ámbito Financiero

Dejá tu comentario