La Ley Patriota (Patriot Act), que amplió el poder de policía del Gobierno de EE.UU. en 2001 después del 11S, quedó otra vez en el centro de la polémica al saberse que sirvió para montar un masivo espionaje telefónico.
Con esa ley y la autorización de un tribunal secreto, el Gobierno puede examinar todos los días sin límites los registros telefónicos de cientos de millones de clientes de Verizon, ATT y Sprint durante tres meses, aunque sin acceder a su contenido.
Al menos nueve compañías proveedoras de acceso a internet habrían estado sometidas también a la vigilancia de la omnipresente Agencia Nacional de Seguridad (NSA).
El título oficial de la ley que George W. Bush firmó el 26 de octubre de 2011 es USA PATRIOT Act y nació con el objetivo de fortalecer a EE.UU. contra el terrorismo.
En 2005, el entonces recién elegido senador demócrata Barack Obama votó a favor de su extensión. Pero tres años después, durante su campaña presidencial, hizo la salvedad de que algunas de sus partes, en particular la Sección 215, iban demasiado lejos.
Pero en 2011, ya presidente, Obama promulgó otra extensión de la norma hasta el 1 de junio de 2015 sin modificar dicha sección, que autoriza la intromisión del Gobierno en los registros que están en manos de terceras partes, como cuentas bancarias, bibliotecas, agencias de viaje, alquileres de videos, teléfonos, historias clínicas, de iglesias, sinagogas y mezquitas. Todo un Gran Hermano.
Todo ello se hizo sin la autorización de tribunal alguno durante el Gobierno del presidente Bush y se extendió con autorizaciones de un tribunal secreto bajo la presidencia de Obama. Todo lo que se necesita es que el Gobierno le diga al tribunal secreto que precisa esos materiales para proteger al país del terrorismo.
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