Una montaña de casos que podrían llevarlo a la cárcel

Brasilia - Jair Bolsonaro enfrenta cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF), susceptibles de penas de prisión. Cuatro fueron abiertas durante su Presidencia, mientras que en la última es investigado como presunto instigador del asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero en Brasilia.

En uno de los casos, el ultraderechista es acusado de interferir con la Policía para proteger a familiares sospechosos de corrupción. También es indagado por difundir desinformación sobre las urnas electrónicas.

Las otras dos pesquisas son por haber filtrado informaciones confidenciales sobre un ataque cibernético a la corte electoral y por haber asociado durante la pandemia la vacuna anticovid con un supuesto riesgo de contraer VIH.

También debe responder a procesos en primera instancia.

Entre ellos, es señalado por “subversión al orden” por su participación en manifestaciones con consignas antidemocráticas el 7 de septiembre de 2021.

Si fuera condenado a las penas máximas por esos delitos, el expresidente enfrentaría casi 40 años de cárcel.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró a Bolsonaro inelegible el 30 de junio por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación al haber atacado sin pruebas el sistema electoral, tres meses antes de perder las elecciones en octubre de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Su defensa apelará ante el STF. Ante el TSE se tramitan otros 15 casos por los que podría sumar nuevas condenas.

Eso incluye acciones por ataques verbales al sistema electoral o por el supuesto uso de la maquinaria pública en beneficio propio durante los comicios.

Cuatro hijos del expresidente -tres de ellos políticos- también han cargado con sospechas delictivas, la más reciente con Jair Renan como protagonista.

El hijo varón más joven fue blanco la semana pasada de una operación policial por lavado de dinero. En 2021 ya había sido citado a declarar en el marco de otra investigación por presuntos pagos de sobornos de empresarios para cerrar negocios con la administración pública.

Flávio, senador por Río de Janeiro, fue acusado en 2020 de haber desviado dinero público de la asamblea legislativa de dicho estado mediante la “recaudación” de parte de los salarios de empleados en su gabinete. La investigación fue archivada.

Carlos, legislador de Río, es investigado por un esquema de desvío de dinero mediante la contratación de funcionarios “fantasma” en su gabinete. Eduardo, diputado por San Pablo, fue investigado por la compra de apartamentos con dinero en efectivo, entre 2011 y 2016.