19 de febrero 2013 - 00:00

Uruguay: pujan el Frente y la Corte

Montevideo - El traslado de una jueza que entendía en causas por violaciones a los derechos humanos desde la Justicia penal al fuero civil abrió una disputa entre el Poder Judicial y el Legislativo, que puede profundizarse si se declara inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura militar (1973-1985).

El enfrentamiento entre ambos poderes se agudizó tras una "invitación" de legisladores del Frente Amplio, coalición de izquierda en el Gobierno, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para dar explicaciones sobre el traslado días pasados de la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas cincuenta denuncias por crímenes de lesa humanidad durante el régimen.

"En una democracia nadie está exento de tener que exponer sus fundamentos", dijo ayer el diputado del Frente Amplio José Bayardi, uno de los promotores del llamado. Por su parte, el expresidente Luis Lacalle (1990-1995), del Partido Nacional, señaló que "es tan posible que concurra la Corte de Justicia como que los cardenales del Vaticano respondan a una convocatoria del Frente Amplio. No sean bestias, no la pueden convocar".

En febrero de 2010, la jueza Mota sentenció al exdictador Juan María Bordaberry, fallecido en julio de 2011, a 45 años de prisión por atentado a la Constitución y 11 crímenes de lesa humanidad.

La confrontación puede verse agudizada en las semanas próximas, dado que la Suprema Corte analiza declarar inconstitucional una ley que hizo imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. La norma, de octubre de 2011, anuló en los hechos la Ley de Caducidad, de 1986 y ratificada en dos plebiscitos en 1989 y 2009, que salvo excepciones impedía juzgar los crímenes de militares durante el régimen.

Agencia ANSA

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