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Uruguay: tratan de que no prescriban crímenes
La propuesta fue entregada ayer a los legisladores en el anexo del Palacio Legislativo por una comitiva encabezada por Washington Beltrán, responsable del área de derechos humanos del PIT-CNT, la central sindical local.
Junto al PIT-CNT impulsan la propuesta varias organizaciones defensoras de derechos humanos, como Servicio Paz y Justicia, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, y Amnistía Internacional Uruguay.
El texto de la iniciativa tiene un solo artículo con cuatro puntos y se ampara en «lo establecido» en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman, difundida en marzo pasado.
Aquel dictamen estableció la responsabilidad del Estado uruguayo en la desaparición en 1976 de la activista argentina María Claudia García y la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta respectivamente del poeta argentino Juan Gelman.
La CIDH dictaminó que la Ley de Caducidad, que dejó impunes los crímenes de la dictadura, no puede representar «un obstáculo» para la investigación del caso Gelman «ni de otras graves violaciones de derechos humanos similares», recuerda el proyecto presentado este jueves.
La sentencia reclama que a esos casos «no se apliquen otras normas análogas del ordenamiento jurídico interno que excluyan la responsabilidad penal», como la prescripción, la no retroactividad de la ley penal o la cosa juzgada.
Beltrán explicó ayer que el objetivo del anteproyecto es «poder ingresar en una etapa donde la impunidad no sea la espada de Damocles» sobre la sociedad.
«Los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país establecen que el Estado uruguayo debe cumplir con lo que así se pactó y los delitos de lesa humanidad no prescriben», dijo Beltrán.
En mayo pasado la Suprema Corte de Justicia (SCJ) respondió a un recurso presentado por una fiscal que los delitos cometidos en la dictadura prescriben el próximo 20 de noviembre, por considerar que son «ilícitos comunes» y no de lesa humanidad, que son los que no pierden vigencia.
El Código Penal uruguayo prevé 20 años de prescripción para el delito de homicidio, que es el más grave, y el plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses. La SCJ había determinado tiempo atrás que el período de la dictadura no debe ser considerado para determinar la prescripción debido a la falta de garantías y toma como referencia la fecha del 1 de marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia.
Sin embargo, la Corte aclaró después que su sentencia de mayo pasado se refiere sólo al caso por el que fue consultada, la detención y desaparición de 28 uruguayos durante el Gobierno de facto, y aquella respuesta no genera jurisprudencia, un mecanismo inexistente en el ordenamiento legal nacional. Este año el oficialista Frente Amplio intentó anular la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009, con un proyecto de ley que fracasó por la negativa de última hora de un diputado del partido gubernamental cuyo voto era fundamental para asegurar la mayoría parlamentaria.
Agencia EFE
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