Los mineros habían desaparecido hace dos semanas camino a un yacimiento de oro informal en el municipio de Sifontes, en el estado de Bolívar y cerca de la frontera con Brasil.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo que los cuerpos exhumados estaban enterrados en una zona boscosa a 30 kilómetros de la localidad de Tumeremo y que no presentaban mutilaciones como afirmaban los primeros reportes. "Todos fueron ejecutados con heridas producidas por el paso de un proyectil disparado con arma de fuego, 16 en la región cefálica y solo uno en la región toráxica", informó en una rueda de prensa.
En tanto, miembros de un cuerpo policial venezolano señalado de estar implicado en el asesinato fueron relevados de sus funciones para ser investigados.
"A los familiares les di mi palabra, y hoy vengo a cumplir, con respecto a algunos funcionarios de acá que van a ser extraídos, sometidos a una investigación interna", dijo el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico.
El jefe policial señaló que las indagaciones buscan determinar si los detectives -cuyo número no precisó- tienen alguna relación con la matanza o con el grupo criminal que la ejecutó, como denunciaron parientes de los mineros.
Rico señaló que "no se descarta" el inicio de una investigación penal, no solo contra efectivos del CIPC, sino también de la policía de inteligencia (Sebin) o de militares por este caso.
Por su parte, la fiscal sostuvo que mientras no haya una sentencia en firme por los crímenes no se descarta que funcionarios oficiales puedan estar implicados.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras autoridades atribuyeron la matanza a mafias dedicadas a la explotación ilegal de oro. Por este caso la Fiscalía ordenó la captura de un ecuatoriano, a quien se sindica de haber liderado las ejecuciones.
| Agencias AFP y DPA |
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