La Constitución lo permite bajo ciertos supuestos. El legislativo bloquea varios proyectos contra la corrupción.
Lima - Un conflicto de poderes se incubaba ayer en Perú tras una amenaza velada del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, dominado por la oposición fujimorista, si los legisladores frenan sus reformas constitucionales destinadas a combatir la corrupción.
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En un mensaje al país, Vizcarra advirtió el domingo que si el Congreso frena sus reformas políticas y judiciales, que espera aprobar en un referéndum en diciembre, planteará la llamada "cuestión de confianza", norma constitucional que abre la vía para disolver el parlamento.
"Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso" en respuesta a un escándalo de corrupción en el poder judicial, adelantó Vizcarra.
La Constitución establece que el Gobierno puede "plantear ante el Congreso una cuestión de confianza (...) si la confianza le es rehusada, o si es censurado", mientras que el mandatario "está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros", lo que no ha ocurrido hasta ahora.
"No es golpista el hecho de solicitar que el Congreso acelere los procesos", declaró la vicepresidenta Mercedes Aráoz. "El objetivo principal es conseguir las cuatro reformas, no cerrar el Congreso", afirmó el primer ministro, César Villanueva.
El partido de Keiko Fujimori, que domina el legislativo, desestimó la urgencia de las propuestas de Vizcarra, que incluyen el fin de la reelección parlamentaria, restituir la bicameralidad en el Congreso y regular el financiamiento de los partidos, además de cambiar procesos de designación y control de jueces.
El partido de la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) mantuvo maniatado al antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, durante sus veinte meses de gestión hasta que consiguió su renuncia en marzo.
Además, la "luna de miel" de cinco meses entre Vizcarra y Keiko terminó en forma abrupta hace poco precisamente por las reformas, que de paso amenazan el poder del fujimorismo en el parlamento.
Aunque aún faltan instancias constitucionales antes de que pueda disolver el Congreso, su mensaje cosechó críticas de la oposición y apoyo de la Iglesia católica.
Los líderes de las bancadas descartaron ayer darle celeridad a las reformas saltándose los debates en comisiones. Hasta ahora solo hay avances en la reforma judicial, no en la política.
Tras una reunión de las bancadas, la portavoz fujimorista, Úrsula Letona, afirmó que el planteo de Vizcarra "tiene errores e interpretaciones con matices inconstitucionales".
En caso de disolver el Congreso, Vizcarra debe convocar a nuevas elecciones legislativas en cuatro meses más, escenario que la oposición quiere evitar debido al alto nivel de desaprobación del parlamento (82%) y de Keiko (80%). Las elecciones legislativas y presidenciales deben efectuarse en 2021.
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