16 de septiembre 2011 - 00:00

Votaron ley para dar títulos de propiedad en villas y complejos

Una ley impulsada por el macrismo dispone que en dos años el Gobierno porteño debe regularizar la titularidad de 14.692 viviendas sociales, que están ubicadas en complejos habitacionales y en villas de emergencia. La norma, no solamente consistirá en un beneficio para los ocupantes de las unidades habitacionales, sino que permitirá a la administración macrista hacer una comprobación sobre quiénes tienen en este momento a disposición esas casas. De acuerdo con la iniciativa de los legisladores del PRO, Enzo Pagani y Cristian Ritondo, que recibió los votos favorables casi del recinto en pleno, las familias que se presenten para obtener la escritura de la propiedad deberán aportar la documentación que acredite que son los poseedores, es decir, que en algún momento se los otorgó la vivienda. Aunque, la ley contempla la situación de otro tipo de ocupantes, pero también le exigirá condiciones, como no contar con recursos para acceder a un crédito de otro tipo y que se trata de la única vivienda del grupo familiar.

Así, no solamente el macrismo se propone conceder la regularización de los títulos de propiedad que se otorgaron con distintas operatorias, tanto en el marco del Plan Federal, como propias de la ex Comisión Municipal de la Vivienda o el Fonavi, sino también de darle un ordenamiento a la situación habitacional. Justo ayer, la Corte, realizó una audiencia con funcionarios del Gobierno porteño (ver nota en pág. 15), en relación con el tema habitacional, que tiene como repercusión más inmediata la ocupación del parque Indoamericano.

Como efecto posterior a ese ordenamiento que debe realizarse en no más de dos años, los propietarios podrán disponer de las unidades, sobre las que también deberán regularizar los impuestos, y se cree que se podrían movilizar una suerte de mercado de viviendas sociales. En los fundamentos mismos del proyecto se señala que «esta seguridad jurídica también les permite a los ciudadanos garantizar operaciones con respaldo hipotecario, como también estar conforme a derecho con sus obligaciones tributarias, con el fisco de la ciudad». Pero, también se aclara que el Instituto de la Vivienda porteño, que será el encargado de llevar adelante la titularización de los dominios, «podrá otorgar la titularidad definitiva de las viviendas a quienes las ocupan desde hace tiempo, liberando ciertas exigencias a fin de simplificar la operatoria en cuestión».

La norma se aprobó con 54 votos a favor, de los 55 diputados que estuvieron en el recinto, en general. En particular, hubo diferencias en algunos artículos referidos más a cuestiones técnico legales, pero igual contó con votos de todos los bloques políticos. Fue allí que María América González votó a favor, distinto al voto de su bloque Proyecto Sur, y expresó su decisión acotando «a lo que decida mi bloque sobre mí».

«Se trata de saldar una deuda histórica del Estado de la Ciudad con una situación irregular de los auténticos adjudicatarios de complejos habitacionales ubicados, en su mayoría, en la zona sur», expresó Pagani.

En el listado de propiedades sin escriturar que manejó la comisión legislativa, la mayoría de las unidades está en el llamado barrio Don Orione, con cerca de 2 mil casas en esa situación, pero también en otros barrios similares, en Parque Avellaneda suman más de 900 y otras mil en las villas 1-11-14, la 17 y la ex Villa 3 y más de cuatro mil estarían en la villa 31 de Retiro.

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