Vuelve a complicar a Macri el contrato por basura porteña

Mauricio Macri

Los legisladores porteños retomarán el miércoles la sesión que concluyó la madrugada del viernes pasado en medio de los incidentes en las puertas de la Legislatura (ver nota aparte). El debate dejó pendientes varios asuntos en el temario previsto por el PRO, pero seguramente una de las leyes conflictivas para sancionarse ya no formará parte de la abultada lista de proyectos. Es una norma que enmarca cómo se realizarán los contratos más onerosos de la Ciudad de Buenos Aires, los de recolección de residuos domiciliarios, que además incorpora la clasificación entre húmedos y secos.

Mediante un proyecto de ley, el PRO buscaba ampliar la concesión a ocho años, con la idea de incentivar las inversiones de las empresas ante la posibilidad de un plazo más largo que los cuatro años que se estipulan hasta ahora, y pasado ese lapso para una concesión, debe aprobarlo la Legislatura. Pero además, el macrismo buscaba, con la ley que no llegó a tratase, prorrogar por dos años los contratos que mantienen las actuales empresas. Para sumar al enredo que causó el proyecto, la iniciativa de interés del PRO se funda en una propuesta del titular del bloque kirchnerista Juan Cabandié. Es que ese proyecto es el único, de varios que hubo en los últimos dos años, que no perdió estado parlamentario. Allí el PRO pudo colar algunas cláusulas transitorias, como la de prorrogar los actuales contratos, cuando la licitación ya está en marcha y en proceso de abrirse el sobre de las propuestas económicas. Llamados de último minuto a los teléfonos de algunos legisladores del PRO dejaron en suspenso la votación.

Es que se anticipa que las empresas promediarián su oferta para cobrar alrededor de $ 2.800 millones anuales el servicio que actualmente apenas supera la mitad de esa cifra, lo que pondría en un grave problema al Gobierno porteño si tuviera que aceptar esos montos.

No es todo. El gremio de los camioneros reclama lo suyo, en una reedición de lo que ya sucedió durante la gestión de Aníbal Ibarra al frente del Gobierno porteño en oportunidad, precisamente de llamar a licitación para renovar el servicio. Como ahora, una cláusula imponía a las empresas ganadoras tomar al personal de las que resultaran perdedoras para que mantengan el trabajo y la continuidad. Entonces, el gremio de Hugo Moyano, que aceptó esa medida, reclamó al mismo tiempo que se les pagara a los empleados la indemnización por despido aun cuando conservaran el puesto en las nuevas UTE. El reclamo fue feroz, al punto que volcaron una montaña de basura en las puertas del Palacio Municipal de Bolívar 1 para mostrar la persistencia de la demanda por el pago de despidos.

Ahora, el sobre 1 se abrió el 29 de marzo pasado y ofertaron CLIBA, Aesa, Eseo y Ecología y otros (UTE), Emepa-Impsa-Transportes Olivos (UTE), Ashira-Martín y Martín (UTE). Aunque compró el pliego, no se presentó Covelia, la firma a la que, tras un exhorto desde Suiza, se la relacionó con Moyano, quien salió a desmentir cualquier tipo de vinculación.

De no renovarse los contratos, la complicación para Mauricio Macri puede ser mayor, teniendo en cuenta el largo proceso que impulsó el Ministerio de Ambiente y Espacio Público que conduce Diego Santilli para difundir los alcances del nuevo sistema que incluirá mayor cantidad de contenedores, pero además también un concurso para la recolección de los «residuos secos» para otorgar a cooperativas de cartoneros, en función de ir cumpliendo con la Ley de Basura Cero que rige en la Ciudad de Buenos Aires. Esa norma impone ir reduciendo los volúmenes de desperdicios domiciliarios y busca la recuperación de los materiales como cartones, vidrios o plásticos.

En su momento, el Gobierno porteño había mandado un proyecto de ley para extender el plazo de las concesiones, pero no tuvo en cuenta esa norma, por lo cual el proceso se demoró y la concesión del servicio que había sido otorgado por Ibarra viene prorrogándose ante la falta de renovación de los contratos.

Por otra parte, la modalidad que impone el nuevo servicio obligará a las empresas a tener camiones aptos para descargar los contenedores que piensan expandirse por los barrios porteños, un anuncio que viene haciendo el ministro Santilli para mejorar la higiene urbana.