Vuelven a prisión los hermanos Schoklender

Edición Impresa

Sergio Schoklender volvió ayer a prisión por orden del juez federal Norberto Oyarbide, que lo procesó como supuesto jefe de una asociación ilícita destinada a desviar fondos públicos que debía administrar como apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo. También fueron detenidos su hermano Pablo (que se entregó recién a la noche) y el contador Alejandro Gotkin, considerados por el magistrado como presuntos miembros de la misma asociación.

En una resolución de 1.800 fojas, Oyarbide le dictó la falta de mérito (es decir, la desvinculó de este tramo del proceso) a Alejandra Bonafini, hija de la fundadora de las Madres, Hebe de Bonafini, y por un período corto también apoderada de la organización. Fue beneficiado con esa misma consideración el financista Fernando Caparrós Gómez. En cambio, el juez procesó entre otros a Enrique Rodríguez, exfuncionario nacional y porteño, y ligado al expediente por su participación societaria en empresas investigadas.

"Es una resolución muy extensa que me llevó más de 15 días de elaboración. Son millones y millones involucrados en la maniobra", le dijo a este diario Oyarbide por la tarde, apenas trascendieron las detenciones.

La definición de las situaciones procesales de los sospechosos se aguardaba desde fin del año pasado. Y fue adoptada por el juez a primera hora de la tarde de ayer, cuando los tribunales federales de Comodoro Py ya eran un páramo. Junto con los oficios a los imputados el juez distribuyó las órdenes de allanamiento sobre las viviendas de los hermanos Schoklender y de Gotkin. Al mayor de los hermanos le trabó un embargo por 200 millones de pesos, en tanto que a Pablo y al contador les fijó $ 150 millones.

Los abogados defensores de los acusados daban por hecho, al menos desde la semana pasada, que el magistrado dispondría las nuevas detenciones. Los hermanos Schoklender y Gotkin ya habían estado apresados en el penal de Ezeiza entre mediados de mayo y fines de junio de 2012, cuando la Cámara Federal ordenó excarcelarlos por entender que no existía riesgo de que se fugaran o entorpecieran la investigación.

La causa arrancó en mayo de 2011, poco después de que Sergio Schoklender abandonara su cargo de apoderado de las Madres de Plaza de Mayo. Le sucedió por pocos días su hermano Pablo. La salida de ambos de la entidad terminó por convertirse en un escándalo y derivó a los tribunales de Comodoro Py ante las sospechas de presuntos desvíos de fondos que el Gobierno nacional, así como administraciones provinciales y municipales, habían girado a las Madres para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios de carácter social como parte de la denominada Misión Sueños Compartidos.

De acuerdo con el expediente, y sobre la base de informes de la Policía Federal y peritos de la Corte Suprema, Oyarbide sospecha que el eventual desvío de fondos alcanza los 280 millones de pesos. Uno de los ejes de la acusación es la empresa Meldorek, propiedad del mayor de los Schoklender y a través de la cual derivaba esos aportes para luego cobrarlos a través de colaboradores suyos.

En la misma resolución de ayer Oyarbide procesó además a Viviana Sala, exmujer de Sergio Schoklender; a los empresarios Ricardo De Falco y Daniel Laurenti, y al piloto Gustavo Serventich, que figuraba como directivo de Meldorek, aunque sin prisión preventiva. También, bajo la misma modalidad, a Juan Digón, hijo del dirigente tabacalero y exdirectivo de Boca Roberto Digón; Noelia Verónica Garay, novia de Pablo Schoklender, y a Julia Cristina Ortega, sobrina del menor de los hermanos.

La causa tuvo casi medio centenar de sospechosos y decenas de empresas investigadas. En paralelo, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tiene a su cargo un expediente en el que intenta dilucidar si hubo fraude en el otorgamiento de fondos públicos a Sueños Compartidos. Este otro sumario permanece virtualmente paralizado a la espera de los resultados de una pericia iniciada por la Auditoría General de la Nación sobre los recursos distribuidos.

En los más de 20 meses de instrucción del sumario, Sergio Schoklender pasó de contratar abogados a defenderse por su cuenta. Es que en los 14 años en que permaneció preso por el doble asesinato de sus padres (también Pablo cumplió condena) Sergio se recibió de abogado. El año pasado cambió de estrategia y se hizo asistir por defensores oficiales. De manera sistemática visitó el juzgado de Oyarbide y en varias ocasiones hizo acusaciones públicas contra el magistrado, a diferencia de su hermano menor, que en todo momento mantuvo perfil bajo.

Dejá tu comentario