Zapatero endurece la ley para frenar la inmigración

Madrid - El Congreso español aprobó ayer la nueva Ley de Extranjería, que prevé la ampliación de 40 a 60 días del período de detención de inmigrantes ilegales antes de su expulsión y restringe la reagrupación familiar de los inmigrantes, una medida que critican las ONG.

La nueva norma fue aprobada con 185 votos a favor del gobernante Partido Socialista (PSOE) y tres pequeños grupos regionalistas o nacionalistas, mientras que votaron en contra el conservador Partido

Popular (PP), principal de la oposición, junto con la coalición ecolo-comunista IU y la centrista UPyD. El proyecto pasará ahora al Senado, donde se prevé el aval definitivo.

La nueva ley «es moderna, integradora, apuesta por la integración, refuerza la eficacia de la lucha contra la inmigración clandestina y apuesta claramente por el orden, el control y la legalidad», afirmó la secretaria de Estado española de Inmigración, Consuelo Rumí.

Ampliación

La ley prevé, entre otras medidas, la ampliación de 40 a 60 días el período de retención de inmigrantes clandestinos antes de su expulsión, ya que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero consideró que «no son suficientes» 40 para tramitar las expulsiones de extranjeros en situación irregular a sus países de origen.

La nueva legislación restringe, además, las condiciones para la reagrupación familiar de los inmigrantes, que quedará limitada a sus hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a sus padres «cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España».

Críticas

Además, los inmigrantes que tengan a su cargo menores en edad escolar deberán acreditar su escolarización en los trámites de renovación de los permisos de trabajo y residencia. En cambio, otorga un permiso de trabajo a los hijos reagrupados entre los 16 y los 18 años, que hasta ahora no tenían.

Las ONG Red Acoge, Cáritas y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) criticaron la nueva ley, especialmente estas restricciones a la reagrupación familiar, ya que consideran que «perjudicará gravemente el proceso de integración social».

También deploran las sanciones previstas para los que faciliten el empadronamiento de inmigrantes clandestinos, ya que «supondrá, por ejemplo, que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública».

La nueva ley aborda, asimismo, el problema de la violencia de género, permitiendo a las mujeres extranjeras maltratadas contar con «una autorización de residencia por circunstancias excepcionales».

Con la reforma de la Ley de Extranjería, que data del año 2000, el Gobierno pretende incluir normativas de la UE y también incrementar los derechos de los inmigrantes que viven en España.

Agencias AFP y EFE