El ecosistema financiero se suma al debate por la reforma tributaria y reclama una simplificación profunda del sistema, junto con la reducción o eliminación de impuestos, que considera distorsivos e inequitativos. Cuál es la “mamushka impositiva" que enfrenta el sector y qué porcentaje del PBI representan estos gravámenes.
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Las empresas fintech pagan una alícuota del 6,4% en promedio, en concepto de Ingresos Brutos(IIBB), un nivel muy por encima del que enfrentan otras actividades como Comercio o Servicios, donde las tasas se ubican entre el 3% y el 5% según la jurisdicción.
Además, existe una marcada disparidad entre provincias, con alícuotas que van desde 3,5% en Tierra del Fuego hasta 9% en La Pampa y Santa Fe y plantean que provincias como Córdoba, Jujuy y Santa Fe aplican alícuotas diferenciadas para lo que denominan “actividad fintech”, sin considerar la complejidad y diversidad del sector, profundizando la desigualdad normativa y la carga tributaria.
"La naturaleza del Impuesto a los IIBB genera un profundo impacto negativo: encarece los servicios financieros y de pago, tanto para comerciantes como para consumidores, lo que eleva el costo del crédito y dificulta la formalización de la actividad económica, afectando en última instancia la propia recaudación fiscal", señalan desde la Cámara Fintech en el último informe Mapa de la presión fiscal.
La "mamushka" de impuestos al sector: uno por uno, cuáles son y a quiénes afecta
El sistema tributario argentino funciona como una "mamushka" en la Argentina. La alta carga tributaria al sector financiero sumada a la distorsión impositiva entre lo que se paga a Nación, provincias y municipios, está entre las principales quejas de los empresarios. Tanto ABA (que representa a los bancos privados de capital extranjero) como ADEBA (que agrupa a las entidades privadas de capital nacional) fueron consultadas para esta nota, pero prefirieron no hacer comentarios. De todos modos, ambas entidades participarán en los próximos días de un encuentro de cámaras bancarias donde este será uno de los ejes de discusión.
Para desentrañar uno por uno cada impuesto hay que empezar por el principal: el peso de Ingresos Brutos a la intermediación financiera tiene alícuotas distintas. Para dar una idea, según el propio Banco Central, la alícuota de IIBB es de 4,70% para una provincia como Corrientes, hasta un máximo de 9,10% para La Pampa, el distrito con mayor peso de ese impuesto. Al desagregar las alícuotas, aparecen diferencias aún más marcadas: algunas jurisdicciones aplican un recargo específico sobre el spread financiero, otras alcanzan con el impuesto a los títulos públicos y, en ciertos casos, incluso gravan los créditos hipotecarios.
El Impuesto a las Actividades Económicas (IAE) —que es IIBB pero que se llama de otra forma a nivel provincial— impacta sobre todas las personas y empresas que realizan actividades económicas de manera habitual y onerosa, sin importar si generan ganancias o no. Este impuesto, incluye a distintas actividades: comerciantes, empresas, profesionales, personas humanas con actividad económica, sociedades y emprendimientos, plataformas de ventas online, servicios digitales, publicidad y marketing digital, etc. En el caso de los bancos, la carga es todavía mayor: además de Ingresos Brutos, deben afrontar IVA financiero, Impuesto al Cheque y Ganancias.
Más allá de este punto, la Cámara de Medios de Pago sostiene que una simplificación tributaria también hará que se nivele la competencia para todos. La queja habitual del sistema bancario fue sin dudas que competían "sin igualdad de condiciones", porque las billeteras digitales - como sucedió con Mercado Libre antes del pedido de licencia- que no eran banco, no pagaba ese tributo. Lo que se busca ahora es "nivelar para abajo", es decir, que todo el sistema financiero pague tributos de manera más equitativa y disminuya la alícuota.
En este segmento, IIBB también es aplicado por administradoras de tarjetas de crédito. Cuando un comercio cobra mediante tarjetas de crédito o débito, las administradoras (Visa, Mastercard, Cabal, etc.) realizan retenciones/percepciones de Ingresos Brutos al momento de liquidar. En este caso la retención se descuenta del monto a cobrar y luego el contribuyente lo toma como crédito fiscal para cancelar su declaración mensual. Este es un régimen 100% provincial, en donde cada distrito fija alícuotas, regímenes, exenciones y agentes de recaudación, lo que favorece un sistema más arbitrario y menos claro para la industria.
Cuando parece que esto no termina, dentro de Ingresos Brutos se ubica el Impuesto a los Servicios Informáticos y Financieros (régimen especial), que en jurisdicciones como en CABA y provincia de Buenos Aires tienen alícuotas específicas dentro de IIBB. Además, se le suma las retenciones de IIBB sobre pagos digitales que se cobran a través de plataformas como Mercado Pago, Payway, Ualá Bis, Naranja X, entre otras. Esto termina favoreciendo a las provincias, dado que recaudan impuestos por adelantado, además de usar a las plataformas como agentes de retención.
Por último, se encuentra el más conocido por los usuarios porque suele aparecer por cada operación: SICREB (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias), que se aplica en algunas provincias. Cada vez que una empresa recibe una acreditación en su cuenta bancaria, el banco retiene un porcentaje como anticipo de Ingresos Brutos. Esta se aplica sobre transferencias, depósitos, acreditaciones de ventas, cobros vía terminales de punto de venta (TPV). Permite a las provincias capturar recaudación sobre movimientos bancarios.
Cuál es el impacto de estos impuestos en el PBI
El debate por la reforma tributaria tuvo varios capítulos en los últimos días. De acuerdo a un informe de la consultora Econviews, la Argentina se encuentra entre los 10 países con mayor presión tributaria. Pese a que los gobernadores achicaron su dependencia al gobierno nacional y buscaron equilibrar sus cuentas públicas, el temor es que se genere un deterioro mayor en sus arcas. Más aún cuando el propio presidente Javier Milei dejó trascender que intentará modificar diferentes regímenes como la coparticipación federal.
En ese marco, un reciente informe del IERAL -titulado “Las reformas de largo plazo requieren un nuevo acuerdo entre Nación y Provincias enfocado en la competitividad y la viabilidad fiscal”- plantea la necesidad de una reforma que elimine o reemplace los tributos más distorsivos para el crecimiento económico. Entre ellos, los Derechos de Exportación (1% del PBI) y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (1,6%) a nivel nacional; Ingresos Brutos (4%) y Sellos (0,4%) a nivel provincial; y la Tasa de Seguridad e Higiene (0,6%) a nivel municipal. En conjunto, estos impuestos equivalen al 7,6% del PBI: 2,6% corresponde a tributos nacionales, 4,4% a provinciales y 0,6% a municipales.
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El Gobierno ya abrió el camino hacia la reforma tributaria de 2026, un proceso que exigirá ordenar un sistema impositivo fragmentado y, al mismo tiempo, armonizar las necesidades fiscales de Nación y provincias con las demandas de un sector financiero y tecnológico que reclama mayor previsibilidad y equidad para desarrollarse. En ese escenario, Ingresos Brutos aparece como el nudo más complejo de desatar, con la posibilidad sobre la mesa de avanzar hacia alícuotas tope que mejoren las distorsiones actuales.
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