El atesoramiento minorista superó los US$ 3.460 millones en julio. Esta demanda inelástica plantea interrogantes sobre la liquidez disponible para futuros compromisos financieros.
Las reservas en máximos de siete años, pero con compras todavía moderadas.
En julio, la formación de activos externos por parte de personas físicas registró una marcada aceleración. Los datos oficiales de la autoridad monetaria indican que 1,7 millones de individuos accedieron al mercado cambiario, generando compras brutas por u$s3.319 millones.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Al descontar las ventas del sector privado, que se ubicaron en u$s404 millones, el saldo neto de adquisiciones alcanzó los u$s2.916 millones. Si a esta cifra se le adicionan u$s546 millones correspondientes a transferencias sin fines específicos, la cuenta financiera cambiaria arrojó una salida total por compra neta de billetes y transferencia de divisas de u$s3.461 millones en apenas un mes.
Entender la anatomía de esta demanda constante es prioritario hoy mismo. En un año no electoral, la persistencia de esta preferencia inelástica por la divisa extranjera confirma que la economía argentina sigue operando bajo una fuerte fragmentación funcional del dinero. La aceleración de la dolarización minorista no responde a un evento disruptivo aislado, sino a una decisión racional de cobertura patrimonial sostenida en el tiempo que, al proyectarse hacia los compromisos de deuda de 2027, configura un nudo macroeconómico central para la hoja de ruta del Gobierno.
El volumen de u$s3.461 millones registrado en julio representa la salida más alta por este rubro desde octubre del año pasado. En aquel momento, bajo la inestabilidad propia del proceso electoral de medio término, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) contabilizó que se canalizaban hacia este segmento unos u$s5.434 millones. Alcanzar un nivel equivalente a casi el 60% de aquel pico transaccional extremo, pero en un contexto de actual reducción de la inflación y a casi 1 año de las elecciones, subraya la rigidez de esta variable monetaria.
Durante los primeros siete meses del año en curso, la demanda minorista constante acumula un total de u$s16.100 millones. De mantenerse esta progresión mensual, la proyección matemática arroja que 2026 podría finalizar con un atesoramiento del público superior a los u$s27.600 millones. Este flujo sostenido ratifica la existencia de un piso de repudio al peso que, desde la flexibilización cambiaria para personas físicas en abril de 2025, se ha estacionado regularmente en un promedio en torno a los u$s2.000/u$s 2.500 millones mensuales.
Un elemento insoslayable para ponderar el impacto real de estos datos es que la actual presión sobre el mercado de cambios proviene exclusivamente del segmento minorista. Las empresas continúan operando bajo restricciones normativas (cepo cambiario) que les impiden adquirir divisas para atesoramiento o dolarizar excedentes en el mercado oficial de manera irrestricta. Esta exclusión corporativa implica que el nivel actual de cobertura no captura la totalidad de la demanda latente que existe en la economía.
A pesar de este volumen de absorción minorista, el balance cambiario general exhibe matices. La cuenta corriente cambiaria presentó en julio su cuarto mes consecutivo con saldo positivo, aportando u$s413 millones. Paralelamente, la cuenta financiera registró un saldo mensual positivo de u$s2.191 millones, acumulando un excedente de u$s2.726 millones en lo que va del año.
Esto permite una mirada técnica positiva: el BCRA aún logra comprar reservas internacionales. Sin embargo, en el margen más reciente se observa una disminución en el ritmo de estas compras oficiales, una dinámica que responde a fundamentos netamente estacionales vinculados a la finalización del período de mayor liquidación de divisas del sector agrícola.
La absorción de dólares por parte del público no se traduce en su totalidad en una extracción de liquidez hacia el mercado informal o cajas de seguridad. Actualmente, una porción significativa de estas adquisiciones permanece dentro del ecosistema formal, depositada en las Cajas de Ahorro en moneda extranjera del sistema bancario local (los llamados "argendólares").
Por estricta regulación macroprudencial, los bancos comerciales están obligados a integrar un porcentaje de estos depósitos en el Banco Central en concepto de encajes. Desde el punto de vista contable, estos fondos engrosan la línea de Reservas Internacionales Brutas de la autoridad monetaria, generando una contención estadística sobre la liquidez del sistema. No obstante, en un análisis de capas, es fundamental diferenciar que esta mejora visual se sostiene sobre pasivos exigibles; es decir, es dinero propiedad del sector privado que, al depurarse del balance, expone que el BCRA sigue lidiando con reservas netas en terreno negativo.
La aceleración de las compras netas durante el último mes confirma que el bimonetarismo argentino continúa rigiéndose por una aplicación práctica de la Ley de Gresham: el peso, como moneda local sujeta a inflación, se gasta rápidamente para cancelar deudas y transacciones cotidianas, mientras que el dólar monopoliza la función indelegable de reserva de valor. Revertir la memoria institucional forjada tras décadas de desequilibrios monetarios exige un proceso prolongado. Que el ritmo de dolarización se haya anticipado un poco respecto al próximo ciclo electoral es una conducta previsible por parte de un sector privado hiperracional.
El interrogante central de esta preferencia de cartera radica en su superposición con el cronograma de vencimientos de la República. Para el año 2027, las necesidades de financiamiento del Tesoro Nacional por compromisos de deuda soberana en moneda dura se proyectan en torno a los u$s30.000 millones. Si la demanda minorista por cobertura se consolida en una absorción anual por montos equivalentes, el mercado cambiario enfrentará un desafío de liquidez estructural insoslayable.
La actual proyección de u$s27.600 millones de atesoramiento para el cierre de un año "valle" plantea una tensión macroeconómica insoslayable de cara a 2027. La evidencia histórica demuestra que los ciclos políticos en Argentina operan como catalizadores de la aversión al riesgo, lo que permite anticipar un incremento sustancial en la formación de activos externos por parte de los ahorristas durante el próximo año electoral.
Este ensanchamiento de la demanda minorista precautoria colisionará de frente con un calendario financiero que le exige al Tesoro Nacional cerca de u$s30.000 millones para afrontar vencimientos de deuda soberana en moneda dura. En consecuencia, el verdadero test para el programa económico consistirá en instrumentar incentivos reales que logren desarticular esta inercia dolarizadora antes de que las urnas detonen una competencia asimétrica e insostenible por un pool de divisas estructuralmente escaso.