La historia económica argentina explica, mejor que cualquier teoría, por qué sus habitantes ahorran en dólares. Las periódicas confiscaciones, devaluaciones y cambios abruptos en las reglas de juego enseñaron a varias generaciones que el peso no es un refugio confiable. Esa desconfianza, forjada a lo largo de décadas, no se revierte con un discurso ni con una sola gestión ordenada, sino que requiere de un largo período sin nuevas defraudaciones. Pero, en medio de ese cuadro estructural, aparece una novedad alentadora que conviene analizar: los argentinos empezaron a mostrar una mayor disposición a depositar esos dólares en el sistema financiero, en lugar de fugarlos al exterior o guardarlos fuera del circuito bancario.
Depósitos en dólares récord: la oportunidad para volcar u$s10.000 millones al crédito productivo
Los depósitos en dólares crecieron con fuerza y abrieron la posibilidad de canalizar unos u$s10.000 millones hacia el financiamiento de la economía real.
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El dinero está en los bancos y la tarea pendiente es lograr que trabaje para el desarrollo del país.
Los datos que respaldan esa afirmación son elocuentes. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los depósitos en dólares treparon de u$s14.115 millones a u$s40.656 millones, un incremento de u$s26.541 millones. En el mismo lapso, los depósitos en pesos, medidos en su equivalente en dólares, apenas pasaron de u$s76.561 millones a u$s79.226 millones, un aumento de u$s2.665 millones. La comparación deja una conclusión contundente: el ahorro bancarizado en moneda dura creció alrededor de diez veces más que el denominado en moneda local. La propensión a ahorrar en dólares, en definitiva, sigue siendo masiva, pero con una diferencia crucial respecto del pasado: ahora una porción creciente de esos ahorros ingresa al sistema formal.
Unos u$s10.000 millones disponibles para el crédito
Esa mayor bancarización tiene una consecuencia práctica de enorme potencial. Al calcular la capacidad prestable de las entidades, entendida como la diferencia entre lo que captan en depósitos y lo que ya tienen colocado en préstamos, surge que el sistema dispone de unos u$s15.000 millones en moneda extranjera y de alrededor del equivalente a u$s10.000 millones en pesos. Dicho de otro modo, hoy hay más capacidad para prestar en dólares que en pesos. Como las normas permiten prestar aproximadamente dos tercios de esa capacidad, quedarían disponibles cerca de u$s10.000 millones para canalizar hacia el crédito, un caudal de financiamiento que la economía real necesita.
El problema es que, durante años, buena parte de esos dólares permaneció inmovilizada por una restricción normativa que conviene explicar. Tras la salida de la convertibilidad y la traumática pesificación forzosa de las obligaciones en dólares, se estableció una regla sumamente restrictiva que, con el fin de evitar un descalce de monedas, prohibió a los bancos prestar en dólares a quienes no tuvieran ingresos en esa moneda. En la práctica, eso significaba que solo el acotado universo de las empresas exportadoras podía acceder a ese tipo de financiamiento, mientras que el resto de la economía quedaba excluido, por más dólares que hubiera depositados en el sistema.
Recientemente, esa disposición se flexibilizó. A través del Decreto 736/2026, se habilitó a las entidades financieras a destinar depósitos en moneda extranjera al financiamiento de otras personas jurídicas, aun cuando no cuenten con ingresos habituales provenientes, directa o indirectamente, del comercio exterior, conforme a la normativa prudencial que dicte el Banco Central. La autoridad monetaria anticipó que esa ampliación estará acompañada por requisitos más estrictos, destinados a limitar los riesgos derivados del descalce de monedas.
La medida no está exenta de discrepancias y el punto de discusión es legítimo. Un crédito en dólares otorgado a un deudor que genera sus ingresos en pesos incorpora un riesgo adicional: el cambiario, que se activaría ante una devaluación brusca. Los bancos deben ponderar cuidadosamente esa eventualidad como parte del riesgo total de la operación. Sin embargo, conviene notar que hoy existe la situación inversa, también problemática: los miles de argentinos que venden servicios al exterior y perciben sus ingresos en dólares solo disponen de créditos en pesos. Una flexibilización bien diseñada, enmarcada en regulaciones prudenciales, permitiría dinamizar el crédito en distintas monedas y ajustar mejor el financiamiento al perfil de ingresos de cada tomador.
El costo económico de la desconfianza
El trasfondo de toda esta discusión remite a una cuestión más profunda: el costo económico de la desconfianza. Cuando el ahorro se fuga del circuito formal, la contrapartida es inevitable y se traduce en menos inversión, menos producción y menos empleo. Cada dólar que se guarda fuera del sistema es un dólar que no financia una fábrica, una vivienda o un proyecto productivo. Por eso, la creciente disposición a bancarizar los ahorros es una noticia genuinamente positiva, pero su potencial se desperdicia si esos fondos quedan inmovilizados en las entidades por regulaciones excesivamente restrictivas. El desafío consiste en encontrar el equilibrio entre la prudencia necesaria y el aprovechamiento de un recurso que hoy está subutilizado.
De cara al futuro, lo verdaderamente decisivo desde la perspectiva de las políticas públicas es generar las condiciones para que no vuelva a defraudarse a los ahorristas, ni mediante devaluaciones sorpresivas ni a través de controles de cambio. En ese sentido, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central representa una oportunidad que va más allá de la prohibición de emitir para financiar el déficit fiscal. Sería deseable que contemplara, además, sanciones para quienes impongan restricciones al acceso a las divisas e, incluso, un cronograma con plazos ciertos para la eliminación completa del cepo cambiario. Solo la certeza de que las reglas no volverán a cambiar de manera arbitraria podrá, con el tiempo, reconstruir la confianza que la economía argentina necesita para movilizar el ahorro de su propia gente.
La conclusión invita a un optimismo prudente. La Argentina cuenta hoy con un activo valioso que hasta hace poco parecía inalcanzable: la creciente voluntad de sus habitantes de confiar sus dólares al sistema financiero. Ese cambio de conducta, todavía frágil, abre una ventana de oportunidad para que el ahorro se transforme en crédito y el crédito, en actividad. Aprovecharla dependerá de que las regulaciones acompañen ese proceso con la dosis justa de prudencia y de que la política económica ofrezca las garantías necesarias para que la confianza recién recuperada no vuelva a evaporarse. El dinero está en los bancos y la tarea pendiente es lograr que trabaje para el desarrollo del país.
Profesor de la Universidad del CEMA.
