La agencia calificadora elevó la nota de Caa3 a Caa2. Resaltan los números fiscales y financieros de la Provincia.
La agencia de calificación de riesgo Moody's elevó la nota de Caa3 a Caa2 a PBA.
La provincia de Buenos Aires obtuvo una mejora en su calificación crediticia internacional. La agencia de calificación de riesgo Moody's elevó la nota de Caa3 a Caa2, tanto para el emisor como para la deuda senior no garantizada y mantuvo la perspectiva estable.
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Según fuentes conocedoras de la información, la mejora refleja el fortalecimiento de la situación fiscal y financiera de la Provincia. Tras mejorar sus resultados durante 2024, el distrito cerró 2025 con superávit económico pese a un escenario de caída real de los recursos y una fuerte reducción de las transferencias automáticas y no automáticas provenientes del Gobierno nacional.
A su vez, destacan que la administración provincial cumplió en tiempo y forma con todos los vencimientos de deuda, preservando la prestación de los servicios esenciales y mantuvo la inversión pública entre sus prioridades.
La mejora de la nota se suma al respaldo otorgado recientemente por S&P Global Ratings Argentina, que confirmó la calificación de la Provincia en raBB+ con tendencia estable, incluyendo las reaperturas de los títulos emitidos. Para la calificadora, el manejo prudente de las cuentas fiscales “permitirá mantener necesidades de financiamiento manejables durante los próximos doce meses”.
La suba en la calificación coincidió con un buen resultado de la licitación de títulos públicos, realizada el 23 de julio. En una jornada atravesada por un contexto internacional adverso y una caída de los activos argentinos, la Provincia recibió ofertas por $284.961 millones y adjudicó $249.530 millones, alcanzando el monto máximo previsto para la colocación.
Inicialmente, el monto indicativo anunciado al mercado había sido de $200.000 millones, con posibilidad de ampliación. Finalmente, la demanda superó en $35.431 millones, equivalente al 14% del monto adjudicado.
Del total emitido, $161.286 millones correspondieron a un bono a tasa variable TAMAR con vencimiento en abril de 2027, mientras que otros $88.244 millones fueron colocados en un instrumento ajustado por CER con vencimiento en abril de 2028.
Fuentes del sector interpretan la sobredemanda como una “señal de confianza de los inversores en la capacidad de pago y en la administración fiscal y financiera”. En ese sentido, sostienen que la estrategia consistió en adecuar el gasto a la evolución de los recursos, preservando el equilibrio operativo y manteniendo las necesidades de financiamiento en niveles sostenibles.