Fuerte reclamo en el Consejo por el lento avance en el caso por las DD.JJ. intrusadas

Barroetaveña alzó la voz luego de que recién se aprobara iniciar un sumario, un año y medio después de que se manipularan los informes patrimoniales reservados de cerca de 82 jueces. Tema sensible.

Diego Barroetaveña

Con un fuerte planteo, dos consejeros jueces que integran el Consejo de la Magistratura hicieron un reclamo enfático respecto al estado de la investigación por la manipulación de las Declaraciones Juradas patrimoniales de varios magistrados, un hecho ocurrido durante un fin de semana largo de junio de 2022. El camarista de Casación Diego Barroetaveña alzó la voz, secundado por su par Agustina Díaz Cordero después de que sus pares se enredaran en cuestiones formales para definir si abrían o no un sumario, tras un cuestionado informe del Cuerpo de Auditores que relativizó porcentualmente la cantidad de información vulnerada.

“Esto pasó hace un año y medio atrás, y fue muy grave. Acá hay personas sentadas que se metieron con nuestras declaraciones juradas”, inició su intervención Barroetaveña luego de que el resto de los consejeros se enfrascaran en la discusión avanzar en un sumario sobre la persona que era responsable del área intrusada y votaran aprobarla de forma unánime.

Fue una jornada donde el Consejo le dio el visto bueno a los concursos anticipados (una suerte de reservorio para adelantarse a las vacantes y prevenir la duración de largos procesos de selección) y tuvo un cimbronazo por el reclamo por contratos que se vencían a fin de año que, mayormente, pertenecían a un sector que quedó en medio de una controversia cuando dos empleados fueron imputados por integrar una banda que había cometido al menos dos secuestros extorsivos. Pero el punto final, trató una materia sensible para los jueces porque hubo –al menos en un principio- 24 afectados, pero la sensación de vulnerabilidad se extendió como una mancha de aceite.

“Esta es la tercera intervención del plenario y recién ahora a un año y medio se está a punto de abrir el sumario, que es la investigación propiamente dicha. Deberá llegarse a una conclusión respecto a los sobres que faltan, que son 82”, apuntó Barroetaveña con un dato novedoso que también señaló 17 desaparecidas. “No debemos soslayar tampoco un argumento sobre lo que el auditor denominó patrones o índices, donde se minimiza la gravedad de lo sucedido. Es un hecho gravísimo. No se debió a un incendio, a una catástrofe. El argumento de los patrones o índices es más propio de los defensores de aquellos que están siendo auditados, no de alguien que tiene que llevar adelante una investigación. Después seremos nosotros quienes vean si están bien las líneas de investigación. Incluso con respecto a las fechas no hay claridad y yo quiero claridad, todos aquellos a quienes les abrieron las declaraciones juradas quieren claridad. Que de una vez por todas se empiece con la investigación y no perdamos más tiempo”, exclamó.

Barroretaveña cruzó a la consejera del PRO Jimena de la Torre que presentó el tema y merodeaba la idea de extender el sumario a personas indefinidas, pero como un tiro por elevación a sus colegas jueces de otras listas. Por su parte, Díaz Cordero apuntó: “Leí con frustración y enorme preocupación el informe y digo, transcurridos un año y ocho meses y estamos en esta etapa preliminar. Respondo por los jueces y juezas que depositaron en mí la confianza y cuando me preguntan por esto les digo que estamos viendo. El hecho es preocupante, es grave y no puede volver a suceder. Me llama la atención por cómo se produjo esta manipulación que duró un año y ocho meses y recién estamos iniciando un sumario”, se quejó.

Los jueces de la causa Vialidad, , miembros de Casación, Ariel Lijo, Manuel De Campos y Wilma López fueron algunos de los “objetivos” de quienes abrieron sobres o se llevaron anexos de información patrimonial.