Ganancias al Poder Judicial: cómo enemistarse con todos, al mismo tiempo y sin chances de éxito

“Esta Corte no negocia fallos”. Mensaje con advertencia al oficialismo y a la oposición que coquetea. Abroquelamiento natural ante lo que perciben como un “ataque directo”. Por lo bajo, en el FdT admiten que es inconstitucional tal como está redactado. El informe secreto que circula entre jueces.

Bombonera. Horacio Rosatti, ayer, bandera en mano, en la cancha de Boca Juniors, alentando al equipo que se consagró campeón.

La discusión por la exención al Poder Judicial del pago del Impuesto a las Ganancias está perdida de cara a la sociedad. Solo desde ese punto de partida, que el mundo judicial conoce y admite, es posible decodificar el significado de los movimientos de las últimas horas, desde que el oficialismo impulsó su inclusión en el proyecto de Presupuesto 2023, y proyectar cómo desembocará este nuevo conflicto interpoderes. La respuesta –virulenta- que apiló una cadena de comunicados de todas las representaciones institucionales de los jueces y funcionarios judiciales en rechazo de la posibilidad de que se les aplique el tributo se interpreta como una réplica a lo que entienden como una declaración de guerra por parte del oficialismo. En el sprint final del año también se alberga una certeza: de prosperar, su judicialización abortará cualquier chance de aplicación efectiva de lo que se llegue a aprobar. Por eso una pregunta también surcó el panorama: “¿Para qué?”. No se referían al libro de Mauricio Macri, sino a la intentona del Gobierno con mucho déjà vu del 2016.

Desde el jueves, el cotilleo incluyó la desconfianza sobre los números que exhibió el FdT para fundamentar el perjuicio al erario por la no percepción de los tributos. Circuló un informe en el mundo judicial que arrojaba un cálculo distinto al difundido oficialmente: si todo el personal del Poder Judicial de la Nación pagara Ganancias con una alícuota del 35% el monto alcanzaría para el 2022 los $8.190.141.900, una cifra sustantivamente menor a los $129 mil millones que el Ejecutivo consideró para este período. La exención, proyectada a 2023, afirma que treparía a los $11.500.000.000 y no a los $237 mil millones. Hay una desconfianza metodológica acerca de cómo se conformó el número que, incluido en el Presupuesto, sepultaba cualquier argumentación en contrario del tributo, desde un comienzo.

El mismo informe recabó que sobre las liquidaciones de sueldos de agosto existe un universo de 728 jueces y que hoy –merced a la ley que entró en vigencia desde 2017- tributan 184, un 25% del total. En agosto, el Poder Judicial depositó en la AFIP $37 millones en concepto de retención de Ganancias por todo su personal, 26 de los cuales correspondían al descuento realizado a los jueces. Un 71% del total. Los tecnicismos comienzan con el cálculo metodológico. Los jueces creen tener el suyo bien afilado. Ni siquiera incluyendo a las justicias provinciales, afirman, podrían estar cerca de un número semejante al ítem del presupuesto que disparó la controversia. Ese es un problema aparte: la Justicia federal –la más conocida por la política nacional, los medios y la opinión pública- es un porcentaje ínfimo respecto a la tributación total tomando en cuenta las estructuras de las provincias a las que están enganchadas las fiscalías y defensorías. Eso ya empezó a crear “ruido” para algunos gobernadores dentro de sus propios territorios.

Subterráneamente, esta discusión terminó por confirmar otra certeza que surcó como bala trazadora para quienes saben leer metamensajes: “Esta Corte Suprema no negocia fallos”. Si en los conflictos interpoderes muchas veces ocurre que se toman rehenes, en este caso, la posición que se dejó trascender más allá de los muros de Talcahuano 550, es que nadie debe esperar que esto ocurra. Ni siquiera los que tienen en el calendario marcado fechas clave de aquí a fin de año en expedientes penales. Los humores son otra cosa. Con pocas cosas el Ejecutivo podía lograr enemistarse con todos al mismo tiempo.

Los memoriosos apuntaron tres argumentos feroces: si ahora se le quiere aplicar el descuento sobre todos los ítems salariales al Poder Judicial, ¿cómo se explicaría que no todos los rubros de las dietas de los legisladores estén alcanzadas por el gravamen? Eso también sería inconstitucional porque afectaría la igualdad; Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz sí se pronunciaron a favor del pago de Ganancias pero cronológicamente lo hicieron antes de la sanción de la ley el 27 de diciembre de 2016 que suplantó la ausencia total de un marco regulatorio para el pago. Y por último, que en fallo “García” de 2019, se hizo saber al Congreso que debía adoptar un tratamiento diferenciado para las Ganancias de jubilados en condiciones de vulnerabilidad. Algo que no ocurrió. En un frenético fin de semana, Rosatti –solo y sin custodia- se tomó un par de horas para asistir a la cancha de Boca que empató con Independiente y se consagró campeón del torneo. Pasadas las 20 volvió a reunirse con sus colaboradores.

El otro problema que presenta el proyecto es la gran masa de trabajadores judiciales atados a la misma suerte: sueldos elevados en la función pública pero comprendidos dentro de la excepción que se encontrarían con un descuento por la cuarta categoría similar a otros empleos que sí tributan. Eso explica, por ejemplo, que SITRAJU la agrupación que lidera la diputada kirchnerista Vanesa Siley –que es además consejera de la Magistratura- picara en punta para cuestionar la intención oficialista. Le ganó de mano al lábil Julio Piumato que directamente tuvo que llamar a un paro de actividades para compensar. Las últimas 48 horas fueron atravesadas por una cuestión que está ligada a las sensaciones pero que se transforma en un hecho político: para el judicial, el Gobierno no logró ninguna de sus reformas estructurales para el Poder Judicial, pero sí tuvo éxito en podarle las jubilaciones –forzando un aporte superior y elevando la edad jubilatoria- y mantuvo en vigencia la ley que el macrismo negoció con los jueces para que se vayan incorporando al pago según sus ingresos. En esa interpretación, lo que sigue no es otra cosa que un ataque directo sobre ellos. Una guerra que no culminará con la eventual aprobación del proyecto con dictamen. En ese panorama, el abroquelamiento instantáneo fue casi natural. No requirió gran coordinación. Una maldad sutil se vio con el comunicado de la Asociación de Magistrados donde hablaba de “los ataques que nuevamente se nos dirigen” a partir de esta iniciativa y advertía acerca de una “acción inmediata en resguardo” de sus derechos. Estaba firmado por el camarista Mariano Llorens, un enemigo público para el kirchnerismo. Llorens paga Ganancias. En el camino, Federación Latinoamericana de Magistrados, Junta Federal de Cortes, Federación Argentina de la Magistratura, Junta de Tribunales Orales Federales, Asociación de Fiscales, Asociación de Magistrados y todos los sellos posibles empapelaron con rechazos más o menos virulentos. Ya estaban todos pintados para la guerra.

La reunión de bloque del FdT donde se alistaron las correcciones al proyecto de Presupuesto se asemejó a un mercado persa. El original no contenía nada relacionado a las exenciones de los magistrados. Pero el entrerriano Marcelo Casaretto primereó desempolvando una iniciativa suya referida al tema Ganancias que se complementó con el solícito Itaí Hagman. Todo el mundo descontó que el mensaje que bajaba tenía completo aval del Instituto Patria. Sin embargo, con la misma metodología asamblearia, el bancario Sergio Palazzo buscó colar el 15% extra para cobrarle a las prepagas; los misioneros pidieron incluir la zona franca; los mendocinos la exención a IMPSA y los rionegrinos la de INVAP. Cada uno metía su baza. Algunas, como las de Palazzo corrían serio riesgo de ser una invitación al traslado a precios que recalentaría la inflación y puso en alerta a Economía. Casaretto venía de presentar un proyecto de Ley que tenía como objetivo suspender los descensos en el torneo de fútbol, lo que tenía como beneficiario a Patronato.

Pero fuera del Congreso, la aparición del diputado de Entre Ríos les hizo acordar a la intervención que a su pedido tuvo el juez Edgardo Alonso para ordenar al Congreso que no nomine representantes para el Consejo de la Magistratura en un intento por boicotear la puesta en marcha del fallo de la Corte. El máximo Tribunal fulminó el fallo, al juez y dejó al diputado en el radar. Su reaparición no fue tomada con inocencia. Dentro del oficialismo un sector importante se agarra la cabeza con esta controversia: así como está el intento de descontar Ganancias a todos los jueces y funcionarios a partir de la escala salarial nominal sin contemplar la ley de ingreso de 2016 e incluyendo a los jubilados es abiertamente inconstitucional. No por lo que afirman los jueces como “ataque a la independencia”, sino por argumento exclusivamente técnico que se reduce a “no se puede hacer de esta manera”. Es fácil, para que el argumento de una merma salarial (atado al artículo de la Constitución que lo protege en el caso de la magistratura) no sea factible de ser utilizado para esquivar el pago de un tributo, el salario no debería verse impactado por la aplicación del mismo. Es decir que debería primero implementarse un “grossing up” –una suba equivalente a la alícuota a descontar- para luego efectivamente descontar el impuesto. Aumentarles el sueldo para luego cobrarles parece ser algo que nadie está dispuesto a hacer.

En Juntos por el Cambio más que seducirles la idea, acompañar al oficialismo o tentarse con la posibilidad recaudatoria, temen que pueda serles arrebatada una bandera a manos de un Javier Milei, con su siempre vidriosa categorización de “casta”. Por eso hay un debate interno donde amagaron con apoyar, se retrajeron, aguardan y, por lo bajo, envían mensajes hacia el mundo judicial sobre que no van a acompañar el presupuesto con este apartado.