El matrimonio acusado de abuso de menores en un country
desmintió esos cargos y no entiende los motivos.
Lucas Montero, un productor televisivo, y su esposa, Carolina Porto, el matrimonio que habita una vivienda en el country Isla de Sol (en Tigre) y que el pasado lunes fue acusado de abuso de menores, salieron ayer al cruce de las denuncias que hicieron los vecinos. Vale señalar que luego de las declaraciones de los afectados, las opiniones están divididas entre los que creen en lo que afirma la pareja y los que aportan datos (reales o no) como elemento probatorio de culpabilidad.
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La noticia que ocupó los primeros planos de ayer la protagonizó el matrimonio acusado, cuando negó los cargos que se le imputan (que los atribuyó a un «posible interés económico» por parte de los denunciantes) y se puso a « entera disposición de la Justicia». Ayer al mediodía «Telefé noticias», donde trabaja el productor, emitió en un programa el testimonio de Montero y su esposa desmintiendo en forma terminante los cargos de abuso de menores y de ser parte de una «banda de pedófilos».
En su versión manifestaron: «Estamos consternados y destruidos. Trabajo 12 horas por día en el canal y me llamó mi esposa diciéndome que querían allanar nuestra casa. Me pasó con el oficial a cargo y me explicó sobre esa absurda denuncia».
La Justicia investiga al matrimonio por una denuncia que radicó la madre de una compañerita del jardín de infantes donde concurre la hija de la pareja sobre un «supuesto abuso sexual» del cual fue objeto la pequeña.
En la denuncia, una nena de 4 años dijo que el hombre la tocaba cada vez que se quedaba a dormir en su casa. «Lo que más me duele es esta infamia, porque sé que somos inocentes y no tenemos nada que ocultar. Toda la gente del barrio nos quiere, pero el daño ya está hecho. Mi hija quiere ir al colegio y no puede», dijo entre sollozos la mujer.
Luego ambos rechazaron las imputaciones que los vinculaban a una supuesta «red de pedófilos vip» e incluso invitaron a los periodistas a que averigüen sobre los estudios psicológicos y periciales que le realizaron a su propia hija de 4 años.
La Justicia hizo un allanamiento el pasado viernes en la casa que el matrimonio posee en el country, secuestró computadoras, filmadoras y casetes, pero en primera instancia no encontró material que pudiera comprometer a los denunciados ni vincularlos a supuestos abusos de menores. No obstante, los peritos informáticos tratan de determinar a través de un software si algunos archivos fueron borrados de la CPU, y así poder detectar en ellos algún elemento que sirva para la causa.
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