La cámara que agrupa a los fabricantes de materiales eléctricos y de iluminación -CADIEEL- alertó que la Resolución 336/2009 del Ente Nacional Regulador de la Energía Eléctrica (ENRE) pone "en serio riesgo la vida de las personas y sus bienes" al derogar la reglamentación para la conexión de nuevos suministros que la garantizaba desde hace más de diez años y que establecía la obligatoriedad de que un profesional registrado y habilitado controle que la instalación de suministro de energía sea correcta, además de comprobar que se utilicen los materiales idóneos.
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Para la entidad fabril, la decisión del organismo regulador coloca a la población del área metropolitana de Buenos Aires en una situación de "vulnerabilidad" al quedar sin efecto el sistema de registro y control de los instaladores, y destacó que según la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal "el 40% de los incendios que se producen en la ciudad de Buenos Aires se deben a fallas eléctricas, un indicador que con esta resolución del ENRE corre peligro de aumentar".
"Al desaparecer los contralores y eliminar los marcos reglamentarios la población estará en total indefensión ante la falta de controles que permitirán que mano de obra no calificada pueda realizar una instalación y conexión a la red eléctrica sin garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y con productos de dudosa calidad o prohibidos", señaló Claudio KrTMmer, gerente de CADIEEL.
"Hoy existe un mercado 'paralelo' e ilegal de productos eléctricos al que, pese a las denuncias de CADIEEL, nadie controla ni sanciona y es una amenaza para la vida de la gente, al tiempo que, además, conspira contra la existencia de numerosas fábricas que generan empleo genuino e invierten en desarrollos, sistemas de calidad y certificaciones que no podrán competir contra estas personas inescrupulosas", denunció.
Finalmente, subrayó que la entidad empresaria propone "volver al marco de la resolución ENRE 207/95" que establecía normas técnicas y mecanismos de control que se mostraron eficaces a la hora de garantizar la seguridad pública.
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