El Gobierno oficializó los requisitos para acceder al nuevo esquema fiscal, destinado a proyectos de hasta US$9 millones.
La adhesión al nuevo régimen se realizará mediante un sistema digital administrado por ARCA.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este martes el procedimiento para que pequeñas y medianas empresas puedan adherirse al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta creada por la Ley de Modernización Laboral que apunta a fomentar proyectos productivos mediante beneficios fiscales. La medida fue oficializada a través de la Resolución General Conjunta 5849/2026, publicada en el Boletín Oficial.
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El nuevo esquema contempla inversiones de entre US$150.000 y US$9 millones y está dirigido a empresas nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades productivas en Argentina. Entre los incentivos previstos aparecen mecanismos de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y devolución anticipada de créditos fiscales del IVA, vinculados con bienes amortizables y obras productivas.
El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones fue incorporado dentro de la Ley 27.802, con el objetivo de impulsar inversiones productivas de escala media, en distintos sectores de la economía. El Gobierno busca atraer capitales, fortalecer cadenas de valor y estimular la generación de empleo formal mediante incentivos tributarios.
El principal beneficio previsto por el régimen es la posibilidad de aplicar amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias sobre bienes muebles amortizables y determinadas obras productivas realizadas en el país. Las empresas podrán acceder a la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA asociados a esas inversiones.
Para acceder al esquema, las inversiones deberán concretarse dentro de un plazo máximo de dos años y cumplir con determinados montos mínimos establecidos por la normativa. Sin embargo, algunos sectores vinculados a actividades agropecuarias y eficiencia energética podrán acceder a beneficios aun sin alcanzar esos pisos de inversión.
Entre las inversiones exceptuadas de montos mínimos aparecen sistemas y equipos de riego, mallas antigranizo, bienes semovientes y equipamiento de alta eficiencia energética. Según la resolución, esas actividades serán definidas específicamente por las secretarías de Agricultura y Energía.
La resolución publicada este martes estableció que podrán acceder al RIMI las micro, pequeñas y medianas empresas hasta la categoría “Mediana Tramo 2”, siempre que tengan vigente el Certificado MiPyME al inicio del ejercicio fiscal en el que realicen la primera inversión productiva.
Las empresas deberán encontrarse correctamente caracterizadas dentro del “Sistema Registral” de ARCA. El organismo también aclaró que las entidades sin fines de lucro podrán acceder al régimen si cumplen determinadas condiciones vinculadas con su situación jurídica y clasificación fiscal.
La adhesión se realizará exclusivamente de manera digital mediante el nuevo “Sistema de Gestión de Inversiones” (SGI), donde las empresas deberán registrar proyectos, seleccionar beneficios y cargar documentación respaldatoria vinculada con las inversiones realizadas. En los casos de obras productivas, las compañías deberán acreditar el avance de inversión mediante facturas, informes técnicos, certificados profesionales o documentación equivalente que permita validar las mejoras declaradas.
La reglamentación también dispuso que ARCA controlará la inexistencia de deuda líquida y exigible antes de habilitar el acceso efectivo a los beneficios fiscales previstos en el régimen.
El RIMI apunta especialmente a actividades productivas vinculadas con industria, energía, agroindustria y economías regionales. Según el Gobierno, el objetivo es generar un esquema más accesible que otros programas de promoción de inversiones destinados exclusivamente a grandes proyectos.
La iniciativa busca posicionarse como una herramienta intermedia para empresas que necesitan realizar ampliaciones productivas, incorporar tecnología o desarrollar infraestructura sin llegar a las escalas contempladas en otros regímenes nacionales de incentivo.
Especialistas tributarios señalaron que la reglamentación representa un avance operativo importante para la implementación del régimen, aunque todavía quedan algunos aspectos pendientes vinculados con la aplicación práctica y los mecanismos definitivos de control.
También remarcaron que el nuevo esquema podría tener impacto sobre sectores vinculados con maquinaria agrícola, equipamiento industrial, construcción productiva y proyectos de modernización tecnológica en PyMEs.
Aunque la resolución ya fue publicada y el régimen quedó reglamentado, algunos tributaristas advirtieron que todavía resta la implementación definitiva de ciertos mecanismos para que las empresas puedan completar el proceso de adhesión.
Entre los puntos pendientes aparecen detalles vinculados con auditorías, criterios técnicos sobre determinadas inversiones y aspectos relacionados con devoluciones fiscales. También resta la puesta en marcha completa del sistema digital SGI anunciado por ARCA.
De todos modos, el Gobierno considera que la publicación de la Resolución General 5849/2026 representa el paso central para activar el nuevo régimen y comenzar a canalizar proyectos productivos de escala media durante los próximos meses.