Buenos Aires: puede colapsar el tránsito

Una medida dispuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede empeorar el tránsito hasta provocar su colapso. La Justicia de Faltas analiza una denuncia contra el Ejecutivo porteño que emitió una orden que prohíbe a los garajistas estacionar los automóviles en la zona central de la playa de estacionamiento. Se trata de un «instructivo verificador de inspección municipal», gestado a partir de la tragedia de Cromañón, que los inspectores han puesto en práctica para sancionar con multas a las empresas que no cumplan ese requisito. Esa norma -en el apartado C.E.7.7.2 d) Medio de Salida- sostiene que «las cocheras o espacios demarcados en los garajes tendrán un ancho mínimo de 2,50 m y un largo mínimo de 5 m, lo que permitirá el libre acceso de vehículos estacionados al medio de salida». Es indudable que el sentido de instrucción está enderezado a que los vehículos de común y en condiciones normales tengan la salida expedita entre el lugar de estacionamiento y la vía pública. Sin embargo, la disposición parece más un efecto al temor que provoca repetir un caso Cromañón que a la realidad. No es lógico pensar que está diseñada para incendio, pues se sabe que en un ambiente como el de los automotores el inicio de un simple incendio puede terminar hasta en explosión, por acumulación de vapores inflamables que se mezclan con el aire. En esas circunstancias, es improbable que a alguien se le ocurra pensar en ir a retirar sus vehículos. Por lo tanto, el argumento de la vía expedita no habría sido diseñado previendo una emergencia, sino como fines recaudatorios. Es lo que sospechan los garajistas, que a través de la cámara que agrupa al sector decidieron ir ante el alcalde porteño Aníbal Ibarra en procura de una solución. • Gravedad Los empresarios sostienen que si debieran dejar libre todo el centro de la cochera, ocurrirían tres situaciones que provocarían una situación de mayor gravedad: • Más de 3.000 empleados quedarían sin trabajo, ya que si el propietario del automotor podrá estacionar por su cuenta en su cochera, bastará con uno solo o dos, según el caso, empleados por turno. E interrogan: ¿para qué se van a necesitar empleados que distribuyan rápido los autos y despejar en segundos el camino, de forma tal que en los hechos existan esas calles de vía expedita, si el dueño del coche puede salir siempre por sus medios? • También, en forma inmediata, como mínimo 100 mil vehículos, cuyos dueños están preocupados por la seguridad ciudadana, quedarían en la calle, ya que los garajes o playas existentes no podrían guardarlos de cumplirse con la norma, tal como lo interpretan los inspectores. Basta imaginar el caos en el tránsito que significaría esa cantidad de autos dando vueltas sin rumbo en los horarios pico por la Ciudad, cuando en el garaje de confianza se tope con el cartel de «completo». • Pero, además de esta complicada situación, la norma tendrá efectos en el precio del módulo de estacionamiento, ya que se encarecerían los valores que deberán ser soportados por los ciudadanos que hayan podido estacionar sus vehículos. • Desreguladas Hay que señalar que por un decreto del año 1988, las playas de estacionamiento o cocheras están excluidas de toda regulación tarifaria. Otras de las quejas que los garajistas elevaron a Ibarra es que los inspectores están amenazando con clausurar garajes y/o playas que verifican, donde no se dan ni remotamente las condiciones para semejante cautela, a menos que sean otras las intenciones. Existen casos en los que han decretado clausuras inmediatas por cuestiones insignificantes como: «Faltan tres baldes de arena». Se han expuesto otros casos en los que los propietarios han sido sancionados por «no exhibir libro de registro de inspecciones», siendo que las actas fueron asentadas de puño y letra por el inspector actuante en el libro de inspecciones. La Cámara de Garajes y Estacionamiento, además, llevó su caso a la Justicia de Faltas, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 1.752 sancionada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo porteño, en la que se establece como requisito que los garajistas deben identificar al usuario de la cochera, una violación expresa de las garantías constitucionales. El derecho a la privacidad fue motivo de una larga controversia judicial, luego de lo cual se acordó la posibilidad de que sólo en ciertas condiciones y sin orden judicial la Policía pueda identificar a un ciudadano. Al respecto, ya la Corte Suprema, cuando se expidió en el caso «Daray», enunció varios principios que tienen que ver con la vigencia de los derechos individuales y con el motivo de la detención. Que haya habido un fallo del máximo tribunal de Justicia resalta la litigiosidad del asunto, una restricción constitucional que sólo puede ser realizada por la autoridad legal que es la Policía Federal.

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