Una organización delictiva integrada por internos fue desarticulada tras una investigación que reveló cómo operaban desde penales de la provincia de Buenos Aires para extorsionar a mujeres mediante engaños y amenazas digitales.
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Sus víctimas eran más que nada mujeres. La Policía de la Ciudad estuvo a cargo del operativo.
Una banda extorsiva operaba desde las cárceles.
Una organización delictiva integrada por internos fue desarticulada tras una investigación que reveló cómo operaban desde penales de la provincia de Buenos Aires para extorsionar a mujeres mediante engaños y amenazas digitales.
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El caso fue impulsado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, con la intervención de la UFIJ N°8 de Berazategui, encabezada por los fiscales Ernesto Daniel Ichazo y Bianca Grivetto.
La pesquisa comenzó luego de múltiples denuncias de mujeres, algunas de ellas menores de edad, que afirmaron haber sido víctimas de extorsiones sexuales a través de internet.
Los delincuentes contactaban a las víctimas mediante redes sociales como Instagram y TikTok. Bajo falsas propuestas laborales, ofrecían supuestos trabajos como modelos de ropa interior.
Con ese pretexto, solicitaban imágenes íntimas o videos, argumentando que eran necesarios para armar “books” o verificar talles para futuras producciones.
Una vez que obtenían el material, los extorsionadores avanzaban con amenazas. Exigían que las víctimas participaran en videollamadas y realizaran actos sexuales, bajo la advertencia de difundir las imágenes entre familiares o entornos cercanos.
En algunos casos, también reclamaban dinero con la excusa de concretar los falsos trabajos prometidos.
La organización no se limitaba a ese esquema. También reutilizaba las imágenes obtenidas para crear perfiles falsos y captar a hombres en redes sociales.
Luego, los contactaban telefónicamente haciéndose pasar por agentes policiales y los acusaban de haber intercambiado mensajes de contenido sexual con menores.
Bajo esa presión, les exigían pagos para evitar denuncias y de esa manera poder salir ilesos de su supuesta situación. Usualmente, los montos solían ser muy elevados.
Los procedimientos se centraron en el líder de la banda, alojado en la cárcel de Unidad Penitenciaria de Sierra Chica, y en su cómplice, detenido en la Unidad Penitenciaria de Merlo.
Se trató del segundo operativo contra el principal acusado, quien ya había sido investigado por delitos similares mientras permanecía en la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos.
En la causa anterior, la red contó con la participación de personas fuera del sistema penitenciario, que facilitaban cuentas bancarias para recibir el dinero de las extorsiones y luego transferirlo al líder de la organización.
Durante los operativos, la Policía secuestró teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento digital utilizados para llevar adelante las maniobras delictivas.
El análisis de ese material permitió establecer la responsabilidad de los internos en los hechos investigados y avanzar en la desarticulación de la banda.
El caso dejó en evidencia el crecimiento de las extorsiones sexuales virtuales como modalidad delictiva, así como la capacidad de organizaciones criminales para operar incluso desde contextos de encierro, utilizando herramientas digitales para captar y vulnerar a sus víctimas.
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