El acuerdo que se concretó entre las carteras nacionales de Educación y Justicia, pondrá a disposición de los estudiantes de Abogacía nuevos espacios para fortalecer el sistema de enseñanza y su formación teórico–práctica.
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El acuerdo que se concretó entre las carteras nacionales de Educación y Justicia, pondrá a disposición de los estudiantes de Abogacía nuevos espacios para fortalecer el sistema de enseñanza y su formación teórico–práctica.
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Se trata de aquellos que asistan a instituciones públicas, que contarán con “Espacios de Simulación de las prácticas profesionales”, para fomentar la capacitación y adquisición de destrezas de litigio en audiencias orales y públicas.
Por su parte, el ministro Jaime Perczyk dijo: "Somos parte de un gobierno que ha decidido invertir en la educación universitaria y eso es central. Hemos optado por financiar carreras de ingeniería, becas, la construcción de edificios y hoy firmamos un convenio para potenciar la investigación, el equipamiento y la infraestructura".
Y reafirmó luego que "en un contexto tan difícil como el que vive nuestro continente, las universidades tienen que dar un paso adelante y ser protagonistas de los debates que la Argentina tiene que dar".
Asimismo, Juan Martín Mena expresó: “El convenio tiene un objetivo muy concreto y desde el Ministerio de Justicia estamos trabajando fuertemente para poder avanzar en la implementación, por etapas, en todas las jurisdicciones del país”. “Queremos cambiarle la lógica a todo el proceso de reformas y este aporte del Ministerio de Educación para crear espacios de prácticas profesionales es fundamental”, aseguró.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, señaló: ”La Justicia tiene que adoptar una perspectiva federal, que comience en las instituciones educativas y se extienda a cada organismo del sistema. Fortalecer los espacios de formación redunda en una mejor institucionalidad”.
La inversión de $100 millones es realizada por el Ministerio de Educación, mientras que el Ministerio de Justicia asume la responsabilidad de brindar asistencia técnica y asesoramiento a las casas de estudio para la implementación de distintos proyectos.
Además, el Estado nacional brindará apoyo a proyectos de investigación en universidades públicas y privadas para consolidar el desarrollo y la producción científica en diversas áreas del Derecho.
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