Tres empresas, Interbargo SA, Edificadora Notilam y Armeca SA acusadas de haber intervenido en la maniobra del vaciamiento del Banco Italia, se vieron beneficiadas frente a la clausura por prescripción de la caída del banco ya que deben cobrar u$s 6 millones.
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Al cerrarse la causa sin ningún tipo de condenas ni sanciones firmes las empresas se quedaron con el dinero. La Justicia ordenó que frente al cierre de esta causa, ocurrida en 1985, las mencionadas empresas se presenten ante la Justicia para cobrar los fondos embargados. Se trata de BAM (Bonos Absorción Monetaria) entregados por el Banco Central a mediados de los ochenta como pago diferido por la diferencia de cambio.
El desenlace había sido anunciado por el Cipce (Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica) en setiembre pasado cuando reclamó a la Justicia que no se liberaran esos fondos. La jueza que intervenía en la causa, María Servini de Cubría, hizo caso omiso al petitorio y ordenó el desembolso el mes pasado.
Asimismo, la Cipe también recordó que los créditos entregados a las mencionadas empresas no habían cumplido las exigencias establecidas por el Banco Central. Del mismo modo resultaron agraciados Ricardo Pablo Gotelli, Luis María Gotelli, Joaquín Aventín, José Bartolucci y Juan Carlos Ureta ya que se los investigaba por autopréstamos por más de 100 millones de dólares que había dado el Banco de Italia a las empresas que se encontraban vinculadas y que finalmente han resultado insolventes.
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