El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos León Arslanian, expulsó de la fuerza a seis policías de la Comisaría 3ª de Avellaneda, acusados de haber maltratado a ocho presos, uno de los cuales murió por la golpiza recibida. Las expulsiones se produjeron luego de una investigación realizada por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.
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Los policías están acusados también de haber modificado los certificados médicos de los presos, quienes fueron golpeados durante un intento de fuga. Los efectivos separados son los capitanes Rubén Gómez, jefe de turno, y Rubén Lazarte, quien se desempeñaba como segundo jefe de la comisaría por licencia de su titular, el teniente primero Marcelo Fiordomo, los tenientes Hernán Gropko y Leonardo Vargas y el subteniente Julio Silva.
El intento de fuga y la golpizaa los presos se produjeron el 11 de enero pasado, tras lo cual los reclusos fueron llevados a otra comisaría. Al derivar a los presos a otra seccional, los policías presentaron certificados de buena salud de los detenidos, para evitar cualquier inconveniente y ocultar la golpiza a la que fueron sometidos. Sin embargo, un día después del intento de fuga, Diego Gallardo, de 20 años, murió debido a fuertes golpes recibidos en la cabeza, mientras estaba alojado en la Comisaría 1ª de Avellaneda. Los policías falsificaron certificados de salud, supuestamente firmados por un médico que había prestado servicios en esa dependencia, en los que se acreditaba que los detenidos eran trasladados en perfecto estado de salud. La auditoría interna del Ministerio de Seguridad estableció, además, que el médico nunca había estado en esa comisaría el día de la golpiza.
Como consecuencia de lo ocurrido el 10 de enero, el fiscal de intervención tomó declaración a las siete víctimas restantes el mismo día en que se produjo el fallecimiento del joven. Cuatro de los policías imputados -Gómez,Fiordomo, Gropko y Silva- están detenidos a disposición de la Unidad Funcional de Investigaciones (UFI) N° 1 de Lomas de Zamora,a cargo de Andrés Devoto, y del Juzgado de Garantías N° 2 de ese mismo departamento judicial. Los ex policías se encuentran con prisión preventiva imputados de los delitos de «homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de más de dos personas y por la condición de funcionarios policiales en concurso real con apremios ilegales reiterados en siete oportunidades y falsificación agravada de instrumento público».
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