Gobierno convocó a gremios para destrabar conflicto en Aerolíneas

Más de 70 pasajeros fueron afectados por la medida

Los funcionarios convocaron de urgencia a sindicalistas y empresarios y, desde las 19.15, intentaban una salida con los sindicalistas técnico y de pilotos, Juan Pappalardo y Jorge Pérez Tamayo, y el accionista de Air Comet Marsans -controlante de Aerolíneas- Gerardo Díaz, quien llegó desde España para ponerse al frente de las negociaciones.

Los técnicos y pilotos ratificaron esta tarde la continuidad del paro, que hoy cumplió la octava jornada consecutiva en demanda de un aumento salarial, en tanto Trabajo decidió multar a los gremios y Tomada evitó pronunciarse directamente sobre la huelga.

Durante una conferencia de prensa que ofreció en la Casa de Gobierno, el ministro de Trabajo solo afirmó que la cartera laboral ya determinó los pasos a seguir en el grave conflicto.

Sin embargo, el ministro del Interior Aníbal Fernández salió al cruce de la protesta y no dudó en calificarla como "salvaje".

El funcionario evaluó que Trabajo "avanzará" en las acciones tendientes a solucionar el conflicto en "el tiempo más corto posible", aunque señaló que la protesta "no se condice con lo que marcan las reglas del derecho de huelga y lo desvirtúa".

El titular de la cartera política se pronunció por "dejar en manos de Trabajo" las negociaciones para destrabar el conflicto, aunque esta noche se sumó al diálogo la Jefatura de Gabinete.

"Seguramente Trabajo continuará avanzando en cada una de las acciones para poner fin a la situación", afirmó Fernández, quien aseveró que "nunca sucedió algo de estas características contra el país, ya que la lesión para el turismo es muy grande".

El fiscal federal Carlos Cearras requirió hoy la apertura de una causa penal para determinar si la huelga que realiza el personal de Aerolíneas configura el delito de entorpecimiento del transporte aéreo y afecta la seguridad de pilotos y pasajeros.

Cearras solicitó al juez federal Norberto Oyarbide que identifique a quienes promueven las medidas y averigue "si existe una evaluación de los pasajeros que no pudieron viajar y respecto del posible perjuicio económico patrimonial" ocasionado.

Entre las medidas de prueba sugeridas por el fiscal se incluyó un pedido de informes al Jefe de la Fuerza Aérea Argentina para que indique "cuál es el funcionamiento de los vuelos de cabotaje e internacionales en razón de la huelga que se realiza".

Cearras también reclamó averiguar si la protesta en Ezeiza y en el aeroparque porteño puso en peligro la navegación aérea.

El fiscal dictaminó ante la denuncia promovida ayer por el abogado Enrique Piragini por el presunto delito de sabotaje e interrupción de los medios de transporte aéreo, para lo que el Código Penal prevé hasta dos años de prisión, se indicó.

Por su parte, la APLA negó hoy que procure la reestatización o el cambio de conducción de la empresa aérea y afirmó que el gremio pretende "la salvación de Aerolíneas, ya que los balances no fueron aprobados y sólo le queda los aviones y las rutas".

"La actitud del director de la empresa es engañosa, ya que ha enviado telegramas de despido a trabajadores que se encuentran en el exterior realizando cursos o de vacaciones", señaló la APLA.

A su vez, el titular de la APTA, Juan Pappalardo, ratificó que el gremio ya agotó todas las instancias de diálogo con los poderes Ejecutivo y Legislativo y negó categóricamente que el paro sea político, en tanto subrayó que existe congelamiento salarial desde hace una década y que la empresa no dudó en producir despidos.

"La gente ya no soporta la persecución y la mala paga", dijo.

Trabajo impondrá una multa de alrededor de 10 millones de pesos a los dos gremios aeronáuticos que mantienen paralizadas las tareas desde hace ocho días, lo que provocó serios inconvenientes de traslado para miles de pasajeros en todo el país.

La empresa, a través de su vocero Julio Scaramella, ratificó que la huelga ya causó graves perjuicios económicos a la firma, a miles de pasajeros y al movimiento turístico en el país.

Ayer la viceministro de Trabajo Noemí Rial intimó a los sindicatos a acatar la segunda conciliación obligatoria en un plazo máximo de 24 horas, que vencerá hoy, bajo apercibimiento de suspender las respectivas personerías gremiales.

Rial había destacado que el gobierno nacional realizó "todo lo posible" para resolver el conflicto, como por ejemplo al dictar la conciliación, y exhortó a los gremios a "reflexionar".