Insiste Ibarra en que le pasen la policía, pero sin las armas

Aníbal Ibarra y Gustavo Béliz

La Ciudad de Buenos Aires se propone ahora redoblar los méritos para insistir con la transferencia de parte de la Policía Federal a su órbita, un tema que ya lleva ocho años de discusión, pero que recobró status tras los últimos incidentes en la Legislatura porteña. Hablan ahora de un traspaso de más de la mitad de los policías de la Federal y, al mismo tiempo, de quitar totalmente las armas a los agentes y reemplazarlas por no letales (ver vinculada).

Como broche del final de Gustavo Béliz, esos desmanes hicieron replicar a Aníbal Ibarra por una policía bajo su mando, que la ley no permite tener a la Capital Federal. En su despedida, Béliz acusó a Ibarra -quien había criticado duramente la actitud del gobierno el día de la violencia de piqueteros en la Legislatura-de no querer recibir a la Policía, que «por lo bajo» decía que todo era para la foto.

Ahora Ibarra, de vieja inquina con su ex competidor en la carrera por la Jefatura de Gobierno y también denunciante en su contra (le labró una decena de denuncias penales), se ve con una motivación mayor: desmentir esas versiones.

Es así como nunca queda claro si pelea Juan Carlos López -secretario de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires-por tener algo bajo su mando, que lo saque del mote de «funcionario virtual» por no tener siquiera los 500 policías comunitarios de los que hace seis meses se habla, o si Ibarra está firme en el reclamo.

Esa puja comienza esta semana,ya que López estaba anochea la espera de una cita con los nuevos funcionarios, el ministro Horacio Rosatti y el secretario de Seguridad,Alberto Iribarne.

• Punteo

«Lo primero es la lista de los 500 policías», explicó López, para graficar que en momentos de la partida de Béliz quedó a punteo una nómina de quiénes serán esos agentes que recibirán ciertas órdenes de la Capital Federal, pero seguirán dependiendo de la Federal. El grupo se ocupará en principio de temas de tránsito y otros contravencionales, con el poco número que significan para los 200 km2 de la Capital Federal.

Después aseguran que vendrá la pelea por el traspaso de buena parte de la Policía, según son las ambiciones, algo más de la mitad. Para eso es necesario derogar artículos de la llamada ley Cafiero que impide a la Capital Federal contar con Policía y Justicia propias. Ya legisladores porteños de varios bloques presentaron en el Congreso proyectos de modificación de esa norma, y ahora intentarán acelerarlos, al menos la radical Silvana Giudice prometía ayer hacer el pedido sobre tablas y demostrar así -según cree-que el jefe de Gobierno -de quien fue funcionaria-«no tiene doble discurso».

López asegura que está dispuestoa recibir la superintendenciade Seguridad Metropolitana,bomberos y parte de la Dirección de Operaciones, alrededor de 14.000 policías. Dicen que, de ese modo, el nuevo funcionario de Seguridad de la Nación «se queda con un verdadero FBI», concentrando la Policía científica, los cuerpos antidrogas, Gendarmería y Prefectura, entre otras divisiones.

Lo cierto es que al menos Ibarra reclamará por ese traspaso, pero sabe que la cuestión no es solamente operativa. Por un lado, la resistencia de la misma Policía de pasar a integrar un cuerpo municipal -del mismo modo sucede entre los jueces cuando se habla de transferencia-; por el otro, está la cuestión de los fondos. Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires recibe apenas 1,4% de coparticipación desde la gestión de Duhalde. Es la Nación la que paga los servicios de Policía y Justicia a la Capital Federal, de allí los reproches provinciales cuando se discute coparticipación. La Ciudad quiere que el monto que Nación aporta para policías y jueces de la Capital Federal se traduzca en un índice de coparticipación y así contaría con recursos propios (si se le reconoce la coparticipación) para solventar su propia policía.

Es decir, que si hubiera una decisión conjunta de Nación y Ciudad de transferir a los agentes al mando de Ibarra, primero tendría que modificar o derogar el Congreso la ley Cafiero, después resolver los guarismos de coparticipación y recién entonces diagramar el demorado traspaso que en su momento ofertó Carlos Corach (como ministro del Interior de Carlos Menem) en desafío a Fernando de la Rúa.