La Ciudad le pidió a la Corte Suprema que ordene el traslado de presos a Nación

La administración porteña reclamó a la Corte Suprema de Justicia el traslado de todos los detenidos en alcaidías y comisarías de la ciudad.

Comisaría de Flores.

Actualmente, en la ciudad de Buenos Aires hay más de 1700 personas detenidas en alcaidías y comisarías, lo que representa una sobrepoblación del 230,31% con respecto a su capacidad de alojamiento. En ese marco, se emitió una solicitud para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordene al Estado Nacional a que genere las condiciones para recibir a la totalidad de los presos que se encuentran en establecimientos porteños en infraestructura del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

El reclamo fue realizado a través de la Procuración General porteña, que solicitó al máximo tribunal que ejecute una acción contra Nación y el SPF, declarando el incumplimiento del Convenio de Colaboración -establecido en el 2004 pero postergado en el 2019-, que solicita el traslado de las personas privadas de la libertad que se encuentran detenidas en comisarías y alcaidías de la ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, piden por una medida cautelar que ordene al Estado Nacional a que se encargue de la recepción de las 1700 personas detenidas en dependencias porteñas. Sin embargo, y en caso de que no existan las condiciones de ejecución inmediata, proponen un plazo no mayor a un año para que se realice un traslado progresivo a partir de un cupo mensual que la Corte Suprema disponga.

La situación de los presos porteños en el Servicio Penitenciario Federal

El Convenio de Colaboración citado por la Procuración General porteña dispone que el SPF es prestataria de su sistema de ejecución de la pena (que incluye tratamiento de condenados custodia y traslado de detenidos en prisión preventiva), alojando a personas a partir de la disposición de los jueces de la ciudad de Buenos Aires. El acuerdo establecía que el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires debía gestionar capacidades económicas y técnicas para habilitar sus propios establecimientos carcelarios.

Sin embargo, durante la pandemia el Ministerio de Justicia declaró la emergencia penitenciaria y restringió el ingreso de detenidos a establecimientos penitenciarios, por lo que las alcaidías de la Policía de la Ciudad se convirtieron en las únicas unidades de detención. Posteriormente, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3 se expidió ante una solicitud de habeas corpus, y ordenó desalojar las comisarías porteñas y dictaminó la prohibición de que personas que cuenten con prisión preventiva o condena firme estén alojadas en alcaidías.

Ciudad pidió que se le tome declaración a la interventora SPF

En la misma acción, la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires presentó un escrito judicial ante la Justicia Federal, reclamando que le tome declaración indagatoria a María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal. En el mismo, sostienen que Garrigós incurrió en "resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad".

La solicitud implica que la interventora del SPF sea llevada a declaración indagatoria junto a todo aquel que resulte responsable del incumplimiento a la orden judicial del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, interpretando que la funcionaria no tiene intención de cumplir con la sentencia firme, provocando perjuicios tanto para el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires como para los detenidos en comisarías y alcaidías.