La Justicia condenó al Estado a resarcir con 30 mil pesos a cuatro hombres que estuvieron detenidos en condiciones deplorables e "indignas de la condición humana" en el penal de Devoto, y quienes luego fueron absueltos por el hecho que habían sido apresados.
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Los cuatro forman parte de más de una docena de manifestantes detenidos el 16 de julio de 2004 por los incidentes que tuvieron lugar frente a la Legislatura porteña a raíz de la sanción del Código Contravencional.
Según acreditó la Justicia al otorgar la indemnización, Pablo Altamirano, Héctor Gómez, Carlos Santamaría y Eduardo Suriano estuvieron detenidos hasta septiembre de 2005 cuando fueron liberados por falta de pruebas.
El caso de Altamirano es uno de los más groseros pues tal cual aportó su abogado Andrés Slavin en una cinta de video, la persona que la policía identificó como aquella que había arrojado piedras y roto parte de un móvil policial era otra persona que tenía características similares al joven, pero no era él.
En esos 14 meses en el Pabellón N° 12 del Devoto, los cuatro convivieron con otros 380 detenidos para los cuales sólo hubieron 80 camas, cuatro baños, cuatro duchas, una pileta de uso común, veinte sillas, rodeados de cucarachas, y con un recreo de dos veces por semana de horas.
Los cuatro demandaron al Estado ni bien recuperaron su libertad pues consideraron que pasaron injustamente detenidos ese plazo y sin prueba alguna, responsabilizando a la policía por las detenciones pero también a la Justicia por convalidarlas.
Pero la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, si bien rechazó una indemnización por haber sido detenidos cuando eran inocentes, sí hizo lugar a un resarcimiento por las condiciones de detención pues las características en que tuvo lugar la misma "eran indignas de la condición humana".
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