Stella Maris Cáceres, la esposa de uno de los detenidos por la masacre de la familia Mansilla en Campana, se declaró ayer a la tarde inocente de los asesinatos ante el fiscal de la causa y luego fue remitida a una unidad penitenciaria, al igual que los otros cuatro imputados.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Fuentes de la investigación informaron que la mujer declaró ante el fiscal Marcelo Pernici que no vio nada extraño en la casa donde se cree que las víctimas estuvieron cautivas antes de ser asesinadas y que comparte con su esposo, Angel Fernández, y el hijo de éste, Cristian, ambos detenidos junto a Osvaldo Cáceres y Darío Vera.
En tanto, la semana próxima avanzará el pedido de jury de enjuiciamiento contra el juez Nicolás Schiavo, una vez que termine la feria judicial. Así lo adelantó el diputado Guido Lorenzino, quien impulsa esa medida.
Schiavo quedó en el centro de la polémica, cuando salió a la luz que uno de los detenidos, Angel Fernández, había sido beneficiado el año pasado con prisión domiciliaria, vigilada a través de una pulsera magnética, pese a tener una condena vigente por violación y homicidio. El que había dispuesto esa medida en aquel entonces era Schiavo, quien explicó que su resolución «se ajustó a derecho».
El caso también motivó la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ha sugerido a los jueces que revisen 22 casos de prisión domiciliaria de individuos a los que se les imputan gravísimos delitos y que son monitoreados con pulseras magnéticas.
El ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, cifró en 300 los detenidos domiciliarios que cuentan con este sistema de vigilancia.
Precisó que entre los 22 casos cuya revisión se exige figuran los de catorce violadores, tres homicidas, un doble asesino, un condenado por tortura seguida de muerte y tres acusados de corrupción de menores.
Dejá tu comentario