Trata de personas: Casación anuló una sentencia que había sobreseído a dos acusados

El fallo fue dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y puso énfasis en "la especial situación de vulnerabilidad" de las víctimas.

Una familia rescatada del presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral fue favorecida por un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Este fallo se dio a partir de la intervención del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas y del Ministerio Público de la Defensa.

Mediante dicho fallo se anuló una sentencia del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata en la que se había sobreseído a los presuntos explotadores en una instancia previa al debate en juicio oral y público.

La fiscalía había retirado la acusación, pero el tribunal consideró que el juicio debe llevarse adelante. La Sala III, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi, decidió dar lugar al recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública de Víctimas, Inés Jaureguiberry.

De esta forma, quedó anulado el sobreseimiento de Luis Ramírez y María del Carmen Varacallide, a quienes se los acusa del “delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravado por mediar engaño, por la cantidad de víctimas, por el abuso de su situación de vulnerabilidad, por haberse consumado la explotación y por haber sido cometido en perjuicio de un menor de edad -2 mayores y 1 menor-, en tres hechos que concurren en forma real entre sí”, según establece el fallo.

Las intervenciones determinantes

El Comité Ejecutivo de la Lucha contra la Trata de personas, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sigue el caso desde el inicio y acompaña a las presuntas víctimas, que se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad, conjuntamente con otros organismos encargados de la ayuda y de la asistencia a las personas rescatadas.

En ese contexto, se tomó conocimiento que el Fiscal General de Juicio había dictaminado, que no existía en el caso delito alguno cometido por parte de los procesados. Ante eso, el Director Operativo del Comité, Gustavo Vera, presentó un escrito manifestando su oposición y alertando que de esa manera se revictimizaba a los damnificados y a que se les privaba de un juicio justo.

Por otra parte, el Comité Ejecutivo firmó convenios con distintos organismos e instituciones públicas y privadas para garantizar a las víctimas la restitución de sus derechos. En ese sentido, uno de los convenios más importantes es el suscripto con el Ministerio Público de la Defensa, a cargo de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, mediante el cual se acordó brindar asistencia jurídica y/o patrocinio letrado a las víctimas que así lo requieran.

Gracias a estas acciones, y al actuar de la Defensora Pública, Inés Jaureguiberry, las víctimas presuntamente explotadas tuvieron acompañamiento jurídico, brindándoles de ese modo la oportunidad de discutir la decisión jurídica ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Finalmente, los jueces de Casación Borinsky, Gemignani y Riggi, firmaron un fallo mediante el cual dejaron sin efecto la sentencia del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y se ordenó que, previa sustanciación, se lleve adelante el debate en juicio oral y público.