El Gobierno oficializó una reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria en distintas jurisdicciones del país.
La obligación de realizar la VTV sigue vigente para los conductores alcanzados por la legislación actual.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV), conocida también como Revisión Técnica Obligatoria (RTO), atraviesa una de las transformaciones más importantes de los últimos años. A principios de junio 2026, el Gobierno nacional oficializó una reforma, que busca ampliar la cantidad de prestadores habilitados, digitalizar el sistema y modificar algunos plazos para determinados vehículos.
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La medida fue implementada a través de la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte y se complementa con cambios, que ya habían sido introducidos mediante modificaciones a la Ley Nacional de Tránsito. El objetivo oficial es aumentar la competencia, simplificar trámites y facilitar el acceso a la inspección obligatoria para millones de conductores.
Sin embargo, la reforma no elimina la obligación de realizar la revisión técnica, ni modifica los controles de seguridad que deben superar los vehículos para circular legalmente.
La revisión técnica sigue siendo obligatoria para millones de vehículos en todo el país. Los autos particulares deberán realizar el control una vez alcanzados los plazos establecidos por la normativa vigente. La reforma introdujo modificaciones para los vehículos particulares de hasta diez años de antigüedad, que pasarán a tener controles cada 24 meses una vez vencido el período inicial. Los vehículos con más de diez años seguirán sometidos a verificaciones anuales.
Para los vehículos destinados al transporte de pasajeros y de cargas, el esquema sigue siendo más exigente. La primera inspección debe realizarse dentro de los 12 meses posteriores al patentamiento inicial y luego renovarse cada año.
Las motos también están alcanzadas por la obligación de realizar controles técnicos periódicos, aunque los plazos pueden variar según la jurisdicción donde se encuentren radicadas. La revisión sigue siendo indispensable para circular legalmente por rutas y calles del país, independientemente de las modificaciones administrativas que incorpora la nueva normativa.
La arista más importante de la reforma es la apertura del sistema a nuevos prestadores. Hasta ahora, la realización de la VTV o RTO estaba concentrada principalmente en plantas verificadoras específicas habilitadas por cada jurisdicción. Con la nueva reglamentación, talleres mecánicos privados, concesionarias e importadores podrán solicitar su incorporación al sistema siempre que acrediten capacidad técnica suficiente para efectuar los controles exigidos.
Para eso se creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, dependiente de la Secretaría de Transporte. La inscripción se realiza de manera digital mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
Otro cambio relevante es la digitalización del proceso. A partir de ahora, los conductores podrán contar con un Certificado de Revisión Técnica (CRT) digital con la misma validez legal que la documentación física tradicional. Esto busca facilitar controles y mejorar la interoperabilidad entre distintas jurisdicciones.
La reforma también elimina la regulación nacional sobre los precios de las inspecciones. En consecuencia, los nuevos prestadores podrán fijar libremente sus tarifas dentro de las jurisdicciones que adopten el esquema impulsado por el Gobierno.
Como la VTV también es regulada por provincias y municipios, cada jurisdicción deberá definir si adopta las nuevas disposiciones o mantiene los esquemas vigentes. Actualmente pueden existir diferencias entre provincias respecto de los plazos, los costos y los lugares habilitados para realizar el trámite.
Aunque cambien los prestadores y algunos plazos administrativos, los controles técnicos continúan siendo los mismos. Los vehículos deberán seguir aprobando las verificaciones relacionadas con frenos, dirección, suspensión, neumáticos, sistema de iluminación, cinturones de seguridad, emisiones contaminantes y otros elementos vinculados a la seguridad vial.
Los nuevos talleres habilitados deberán utilizar equipamiento homologado y respetar exactamente los mismos estándares técnicos que las plantas verificadoras tradicionales. La reforma no flexibiliza los requisitos de seguridad exigidos para circular. Lo que cambia es la estructura del sistema, que incorpora más actores privados, habilita certificados digitales, permite una mayor competencia entre prestadores y establece nuevas pautas para la administración del servicio.