Armas: ex ministros a punto de ser procesados

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmará hoy, a más tardar mañana, el procesamiento de los ex ministros Erman Gonzalez (Defensa) y Guido Di Tella (Relaciones Exteriores) y del ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Martín Balza, entre otros ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, acusados por su supuesta responsabilidad en la venta de armas (presuntamente ilegal) a Croacia y a Ecuador. También los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani confirmarán el procesamiento del ex vicecanciller Juan Carlos Olima y pedirán que se profundice la investigación sobre la participación de Emir Yoma en esta operación que se inició por el tráfico de blindados hacia la Guerra de los Balcanes y de armas livianas a Ecuador cuando se enfrentó a Perú por la guerra de «la Cordillera del Condor».

Los tres, junto con el ex ministro de Defensa Oscar Camilión, fueron los funcionarios de más alto rango que se vieron complicados judicialmente por esta causa. Ni el ex presidente Menem ni su ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, fueron citados en sede judicial, tanto por el juez Jorge Urso que dictó los procesamientos como por el fiscal Carlos Stornelli que impulsó la acción penal. Menem y Cavallo firmaron también los decretos que autorizaron la venta de armas, pero con un destino diferente: Panamá y Venezuela; aunque en esas triangulaciones se utilizaron barcos de bandera croata y aviones de la empresa norte-americana Fine Air, vinculada presuntamente a la CIA, y desde donde se blanqueó la opera-ción de armas que complicó políticamente al último tramo de la gestión Menem.

Otros procesados fueron los ex directores de Fabricaciones Militares encabezados por Luis Sarlenga, un civil que respondía al controvertido senador Eduardo Bauzá y a Eduardo Menem. Este ex funcionario cumple prisión preventiva en Gendarmería por disposición del juez Marcelo Aguinsky que lo investigó por contrabando. El 18 de agosto del año pasado, Urso procesó a Di Tella por presunto ocultamiento de prueba y le trabó embargo sobre sus bienes hasta $ 50.000, aunque no hizo lugar a todo lo que pidió Stornelli, que quería procesarlo también al ex canciller por la firma del decreto y el aval a la venta conociendo supuestamente con anticipación el destino final, prohibido por la ONU, en el primer caso, y por el Protocolo de Rio de Janeiro, en el segundo.

Alerta

El juez sólo consideró que Di Tella le ocultó pruebas a la Justicia -si se quiere un cargo menor-al no haber revelado la existencia de un cable cifrado que el 13 de febrero de 1995 envió el embajador en Lima, Arturo Ossorio Arana. En ese mensaje, el diplomático transmitía el alerta de la Inteligencia peruana, que se basaba en informes de los pilotos peruanos de Fine Air sobre los embarques de armas a Ecuador bajo la cobertura de Venezuela como destino final.

La revelación de esa maniobra complicaba a la Argentina en el tablero regional por su tradicional alianza con Perú desde la Guerra de las Malvinas y por ser garante del Protocolo de Rio Janeiro que arbitra en los problemas de límites entre Ecuador y Perú, precisamente el motivo de ese enfrentamiento. Por la magnitud de esa responsabilidad del Estado argentino, Urso entendió que era imposible que el canciller no hubiera prestado atención al mensaje de su embajador en uno de los países en conflicto.

A su vez, González fue procesado por la firma de los decretos 1.697/91 y 2.283/91 que permitieron la venta de 20.000 pistolas 9 mm, 8.000 pistolas ametralladoras, 15.000 fusiles FAL, 100 fusiles pesados FAP y 400.000 fusiles semiautomáticos livianos, además de cañones de 155 mm y TAM (tanque mediano argentino). González también está procesado por el juez en lo Penal Económico, Julio Speroni, por el presunto contrabando de pólvora a Croacia, aunque ese expediente se tramita en otro fuero y no es materia de intervención de la cámara federal.

Urso consideró que estaba acreditada la falsedad ideológica de esos decretos porque las armas no fueron a Panamá sino a Croacia, que en esos momentos, se defendía con el apoyo de Estados Unidos del ataque de los serbios, a quienes --luego-tuvo que combatir la OTAN. En el mismo fallo y con los mismos argumentos, Urso procesó a Olima.