Sorpresivamente, el juez Jorge Urso anticipó la declaración indagatoria de Carlos Menem por el controvertido juicio de la venta de armas a Croacia y Ecuador. La decisión causó preocupación en el entorno del ex presidente, que se reunió anoche con sus abogados Oscar Roger, Mariano Cavagna Martínez y César Arias; su hermano Eduardo; su secretario privado, Ramón Hernández; su ex ministro del Interior, Carlos Corach, y el diputado Daniel Scioli para analizar la difícil situación judicial. Luego Menem partió con su esposa, Cecilia Bolocco -en su compañía pensaba viajar a Siria el mismo jueves 7 que Urso empañó con su indagatoria-desde el Hotel Presidente, donde se hospeda desde su casamiento, a un festejo que le ofrendó un grupo de dirigentes sindicales por su reciente boda. La indagatoria de Menem lo expone a un desprocesamiento o a un procesamiento y detención domiciliaria. Esto causó preocupación en el gobierno, que encomendó a la SIDE una evaluación y proyección sobre las posibles implicancias si se cumplen los presagios que provienen de los Tribunales.
Carlos Menem
Sorprendió ayer el juez federal Jorge Urso al anticipar en más de un mes la declaración indagatoria que le tomará a Carlos Menem por la venta -supuestamente ilegal- de armas a Croacia y a Ecuador. El hecho causó preocupación en el entorno del ex presidente, quien deberá declarar el jueves a las 10, lo que hizo concluir en Tribunales que la medida complica seriamente a Menem al punto de arriesgar un posible procesamiento y detención preventiva en su domicilio, ya que se encuentra acusado por el fiscal Carlos Stornelli de ser el presunto jefe de una asociación ilícita armada desde el anterior gobierno para malversar bienes del Ejército.
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Ese delito no es excarcelable, aunque hombres de su entorno esbozaban una visión más optimista y en todo caso aventuraban una falta de mérito.
• Balza
Para terminar de definir la situación de Menem, será indagado, un día antes que él, el ex jefe del Ejército, teniente general (RE) Martín Balza a quien Stornelli le imputa haber sido el responsable de vender ese armamento. Cañones, obuses, fusiles y municiones, además de un cargamento de 200 toneladas de pólvora, se exportaron por el puerto de Buenos Aires. Según el fiscal, esa pólvora había sido declarada como inutilizada dos meses antes de su embarque. Los testimonios en poder del juzgado acusan que las armas salieron de los arsenales del Ejército para ser reparadas por Fabricaciones Militares. Pero -argumentan- ese material se encontraba en condiciones de uso y nunca fueron respuesta con lo que se habría perjudicado el patrimonio militar.
En resumen, ése es el principal cargo que deberá responder Balza a quien Stornelli, desde un primer momento, le atribuyó el cargo de jefe de esa asociación ilícita que luego la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña -el mismo tribunal que le indicó a Urso investigar asociación ilícita en los niveles superiores del Estado- revocó, permitiendo que el jefe militar quede en libertad, una condición que puede modificarse después de mañana a las 10 cuando también deberá declarar ante el controvertido dúo judicial Stornelli-Urso. De concretarse esta presunción que ayer se daba como un hecho en ese juzgado federal, la suerte judicial de Menem podría quedar echada y complicada hasta tanto su caso sea tratado por la Corte, en la que la mayoría de sus miembros entiende que «es un disparate» aplicar la asociación ilícita a un gabinete.
Precisamente, ayer, en los Tribunales se analizaban tres causas como el detonante para la precipitación de Urso: a) la presentación de Menem para salir del país en luna de miel que lo obligaba al juez a una decisión difícil: si lo permitía, corría el riesgo de ser censurado ante una hipotética evasión del ex presidente al ausentarse a un país sin convenio de extradición. Si lo denegaba, se podría entender que existía el ánimo de detenerlo, por lo que la fecha del 13 de julio aparecía desmesurada en el tiempo; b) una posible operación atribuible a Alberto Kohan de generar apoyos en el gobierno de los Estados Unidos de que hubo un pedido de ese país para apoyar con armas a la democracia croata que luchaba contra el totalitarismo bosnio en la Guerra de los Balcanes, lo que hubiera justificado plantear una razón de Estado no judiciable o la intervención de la Corte por tratarse de una potencia extranjera comprometida en el caso judicial; c) el temor de juez, fiscal y aliados en este juicio contra Menem que la fecha del 13 de julio le permita a la Corte ante el recurso extraordinario que presentará Emir Yoma -ayer se incorporó el abogado radical Zenón Ceballos junto a Mariano Cúneo Libarona- que podría limitar la interpretación de la controvertida calificación de asociación ilícita y beneficiar con ello al ex presidente.
De todos modos, si se sigue el rumbo que tomó esta causa después de que los camaristas Horacio Cattani -desde el menemismo se le reprocha ser el verdadero motor de la acusación-, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi le ordenaron a Urso subir la escalera de esta investigación para comprometer a Menem y sus ex ministros, las posibilidades del ex presidente aparecen acotadas.
• Reunión
Precisamente esta presunción -descreída para muchos hombres de su entorno hasta último momento al punto que uno de ellos recién ayer se inquietaba por la suerte de su jefe político después de conocida la citación del juez- llevó a una reunión de emergencia a todos los abogados defensores que encabeza el cordobés Oscar Roger y el ex juez de la Corte Mariano Cavagna Martínez. Uno de los abogados de ese estudio, Adolfo Bagnasco, ex juez federal, consideró que el apresuramiento de su ex colega «vulnera garantías constitucionales del derecho de defensa, porque se le restringe al imputado el armado de las respuestas a un expediente que contiene 107 cuerpos. Por eso, algunos de esos ex funcionarios se ilusionaban con que Urso podría indagar a Menem para ponerlo a derecho, decretar su falta de mérito para que siga vinculado al expediente y permitirle luego su viaje a Siria. Pero ello presupone una idea demasiado confiada del empecinamiento y el peso puesto en el juzgado por parte de sus acusadores.
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